La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras genera preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a las consecuencias que podría tener para miles de compatriotas que viven en Estados Unidos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) estima que alrededor de 55 mil hondureños que estaban protegidos por este programa quedan expuestos a posibles procesos de detención y deportación.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que el panorama es complejo para los beneficiarios.
La funcionaria explicó que existe un precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos que reconoce la facultad del Gobierno estadounidense para poner fin al TPS.
Según Reyes, esta resolución reduce las posibilidades de revertir la medida mediante recursos judiciales.
El Conadeh considera que la cancelación ya constituye un hecho, debido a que la decisión fue publicada oficialmente por las autoridades estadounidenses.
Pérdida del permiso de trabajo
Con la pérdida del TPS, los beneficiarios también dejarían de contar con el permiso de trabajo asociado a esta protección migratoria.
Además, quedarían sin la protección que impedía su deportación mientras mantenían vigente el estatus.
Reyes señaló que también podrían enfrentar dificultades para conservar otros beneficios vinculados con su situación migratoria, como determinados seguros médicos y licencias de conducir.
La representante del Conadeh recordó que las autoridades estadounidenses cuentan con los datos de los beneficiarios, debido a los procesos de registro y renovación que han realizado durante años.
Por ello, advirtió que quienes permanezcan sin otra protección migratoria podrían quedar expuestos a ser localizados, detenidos y eventualmente deportados.
Recomiendan buscar otras opciones
Ante el nuevo escenario, el Conadeh recomendó a los hondureños afectados buscar asesoría de profesionales especializados en leyes migratorias.
El objetivo es determinar si cada persona reúne los requisitos para solicitar otro tipo de protección o modificar su estatus.
Entre las alternativas están algunos procesos de residencia por vínculos familiares, como estar casado con un ciudadano estadounidense o tener un hijo mayor de 21 años que pueda presentar una petición.
Reyes explicó que algunos beneficiarios ya han iniciado trámites de este tipo.
Por esa razón, considera que el número de hondureños que finalmente queden expuestos a una deportación podría ser menor a los 55 mil inicialmente protegidos por el TPS.
Regresar a Honduras, un reto
El retorno tampoco sería una opción sencilla para muchos de los beneficiarios.
De acuerdo con el Conadeh, una parte importante de los hondureños amparados por el TPS lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos.
Durante ese tiempo, muchos establecieron sus hogares, adquirieron propiedades y construyeron una vida en territorio estadounidense.
Por ello, regresar a Honduras podría representar un proceso complicado para quienes han permanecido durante años fuera del país.
Piden apoyo del Gobierno
El Conadeh también pidió al Gobierno hondureño reforzar las conversaciones con Estados Unidos para buscar alternativas para los compatriotas afectados.
Reyes consideró necesario que Honduras prepare políticas de atención y reinserción para quienes eventualmente sean retornados.
Además, planteó analizar mecanismos de apoyo para los migrantes que durante años han contribuido a la economía hondureña mediante el envío de remesas.
El organismo recordó que Honduras no es el único país afectado por la eliminación del TPS y señaló que más de 12 naciones enfrentan decisiones similares.
Mientras tanto, la Defensoría de Movilidad Humana aseguró que continuará orientando a las familias hondureñas y dando seguimiento a las consecuencias de la medida.
Protección surgió tras el huracán Mitch
El TPS para los hondureños fue otorgado después del paso del huracán Mitch en 1998, uno de los desastres naturales más devastadores registrados en Centroamérica.
La protección permitió a miles de hondureños permanecer legalmente en Estados Unidos y acceder a permisos de trabajo durante varios años.
Sin embargo, la administración de Donald Trump sostiene que las condiciones que originaron el beneficio migratorio ya no justifican su continuidad.