Familiares, padres de familia, estudiantes y exalumnos del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) realizaron la noche del martes una manifestación frente al Centro Integrado Policial (Primera Estación) para expresar su respaldo al docente Lenin Jaco, quien permanece bajo detención judicial mientras enfrenta un proceso por una denuncia en su contra por el supuesto delito de violación.
Con pancartas y consignas, los asistentes solicitaron que las autoridades judiciales actúen con imparcialidad y que el caso sea resuelto con base en las pruebas que se presenten durante el proceso.
Durante la concentración, varias personas destacaron la trayectoria del profesor como maestro de danza y educación cívica, asegurando que durante años mantuvo una conducta respetuosa dentro y fuera del centro educativo.
Uno de los manifestantes afirmó conocer a Jaco desde 1992 y recordó que compartieron actividades culturales tanto en Honduras como en el extranjero, por lo que expresó su confianza en la integridad del docente.
Padres de familia también manifestaron que confiaron durante años en el profesor para la formación artística de sus hijos y pidieron que las investigaciones se desarrollen con objetividad, respetando el debido proceso y las garantías legales.
Estudiantes y exalumnos coincidieron en señalar que, según su experiencia, el docente siempre mostró un comportamiento respetuoso dentro del instituto, por lo que solicitaron que las autoridades esclarezcan los hechos antes de emitir conclusiones.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa. Un juez dictó detención judicial contra Lenin Jaco, medida que implica su permanencia bajo custodia mientras avanzan las diligencias iniciales de la investigación.
En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional deberá determinar si existen elementos suficientes para dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva, imponer medidas distintas a la prisión o emitir la resolución que corresponda conforme a la valoración de las pruebas presentadas por las partes.
El caso continúa bajo conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán determinar la responsabilidad o no del imputado conforme al desarrollo del proceso judicial y el principio de presunción de inocencia.