La falta de compromiso político y los problemas de coordinación entre las instituciones del Estado mantienen estancado el cumplimiento de las sentencias emitidas contra Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La advertencia fue planteada este martes por integrantes de la Mesa de Seguimiento de estos fallos, durante el foro «Honduras frente a sus obligaciones internacionales: contexto y desafíos en derechos humanos», desarrollado en Tegucigalpa.
Durante el encuentro, los participantes señalaron que el país acumula 20 condenas ante la CorteIDH, de las cuales 18 todavía permanecen bajo supervisión, debido a que existen medidas ordenadas por el tribunal que continúan pendientes.
Los representantes también expresaron preocupación por la posibilidad de que el cambio de Gobierno interrumpa los avances alcanzados y provoque retrasos en las obligaciones internacionales que Honduras debe cumplir.
Piden continuidad en el cumplimiento de las sentencias
Lucas Mantelli, coordinador jurídico para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), consideró necesario garantizar que los procesos continúen independientemente de los cambios de autoridades y las diferencias políticas.
El representante advirtió que uno de los principales desafíos consiste en evitar que la transición gubernamental detenga las acciones encaminadas a cumplir las resoluciones internacionales y atender las demandas de las víctimas.
Asimismo, señaló que, aunque existen espacios de diálogo entre las instituciones estatales y las organizaciones que acompañan a los afectados, todavía resulta difícil convertir esos acercamientos en reparaciones integrales y medidas concretas.
Señalan falta de coordinación entre instituciones
Por su parte, Mery Agurcia, representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), cuestionó la manera en que las instituciones públicas atienden las resoluciones internacionales y señaló que existe una actuación fragmentada del Estado.
Agurcia sostuvo que diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio Público y el Poder Judicial, se desligan de algunas responsabilidades relacionadas con los fallos, mientras el Poder Ejecutivo enfrenta dificultades para impulsar reformas legales.
Entre los asuntos que continúan pendientes mencionó las modificaciones al sistema penitenciario y el saneamiento de los territorios pertenecientes a comunidades garífunas, que durante años han reclamado el reconocimiento y respeto de sus derechos ancestrales.
Casos de comunidades garífunas entre las sentencias pendientes
Entre las resoluciones más relevantes contra Honduras figuran las relacionadas con las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, cuyos derechos territoriales fueron reconocidos mediante sentencias emitidas por la CorteIDH en 2015.
Aunque se han registrado avances en el pago de indemnizaciones y la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, los representantes consideran que todavía existen compromisos estructurales que requieren atención por parte de las autoridades.
Las comunidades garífunas, asentadas principalmente en la costa caribeña hondureña, mantienen sus demandas por la protección de sus territorios ancestrales, el respeto a sus derechos colectivos y mejores condiciones de vida.
Advierten consecuencias del incumplimiento internacional
El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, también se refirió a las obligaciones del país y advirtió que ignorar las disposiciones del derecho internacional puede afectar la imagen de Honduras ante otras naciones.
Cavallaro defendió la importancia de que el Estado hondureño mantenga su compromiso con las normas internacionales y destacó que el respeto a los derechos humanos debe ocupar un lugar central en las decisiones gubernamentales.
Los participantes del foro coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y garantizar que las sentencias de la CorteIDH se traduzcan en acciones concretas, reparaciones para las víctimas y garantías de que las violaciones no volverán a repetirse.


