La violencia derivada del cobro de extorsión volvió a golpear al transporte urbano de la capital hondureña. Una unidad de la ruta Ulloa–Mercado fue atacada este martes como medida de presión por parte de grupos criminales que exigen el pago del llamado “impuesto de guerra”.
El atentado ocurrió en la terminal de buses, donde hombres armados dispararon contra una de las unidades que estaba estacionada, sin que se reportaran personas heridas.
Sin embargo, el hecho generó pánico entre los conductores y provocó la suspensión inmediata del servicio como medida preventiva.
Transportistas bajo amenaza
Los transportistas de la ruta confirmaron que las exigencias económicas han aumentado en las últimas semanas y que los grupos extorsivos operan con total impunidad, amenazando con ataques si no se realizan los pagos.
“Ya no aguantamos. Nos exigen dinero cada semana y ahora quieren más. Si no pagamos, nos matan o queman los buses”, expresó uno de los motoristas, bajo condición de anonimato.
La ruta Ulloa–Mercado moviliza a miles de personas diariamente, pero todas las unidades permanecen paralizadas mientras los conductores esperan garantías de seguridad.
Una crisis que se agrava
Según dirigentes del sector transporte, durante 2024 los empresarios y conductores pagaron más de 600 millones de lempiras en extorsión, una cifra que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público.
A pesar de que el Gobierno mantiene vigente un estado de excepción como medida de seguridad, los transportistas aseguran que los ataques y amenazas continúan. La semana pasada, la misma ruta también se mantuvo inactiva por razones similares.
Respuesta de las autoridades
La Policía Nacional y el Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMPCO) realizaron operativos en la zona de Ulloa para identificar a los responsables del atentado y brindar seguridad en las terminales.
No obstante, los conductores sostienen que estas acciones son temporales y no resuelven el problema de fondo.
“Los operativos llegan un día, pero los extorsionadores siguen aquí todos los días”, lamentó un ayudante de bus.
Impacto para la ciudadanía
La paralización de la ruta afecta directamente a miles de usuarios, quienes deben caminar largas distancias o pagar transporte alternativo a mayor costo.
Para muchos, el cierre del servicio representa no solo un problema de movilidad, sino también un reflejo de la inseguridad que domina la capital.
El sector transporte reitera su llamado al Gobierno para implementar acciones efectivas y permanentes que garanticen la vida de los conductores y usuarios, y no simples operativos de corto plazo.