El Ministerio Público (MP) informó que la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción revocó las medidas distintas a la detención judicial y confirmó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para tres imputados en el caso relacionado con irregularidades en el proyecto “Mercado El Ceibón”, ubicado en Choloma, Cortés.
Los imputados son Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, exalcalde de Choloma; Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa); y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de Banadesa, quienes enfrentan acusaciones por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
En abril de 2024, se les había permitido defenderse en libertad bajo medidas sustitutivas. Con la decisión reciente, los tres permanecerán bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Antecedentes del caso
Según la investigación, en 2015, aproximadamente 270 vendedores ambulantes de Choloma fueron beneficiados con la aprobación municipal para la construcción de un espacio digno de trabajo, conocido como Mercado El Ceibón.
Para financiar la obra, se gestionó un préstamo ante Banadesa por 35 millones 600 mil lempiras, administrado por la empresa Surco sin controles adecuados.
De acuerdo con el expediente fiscal, los recursos se desviaron para gastos personales, pago de apartamentos, transferencias particulares y pagos de tarjetas de crédito, entre otros.
“Al final se intentó justificar la obra con un edificio a medio construir, totalmente inhumano, sin condiciones dignas, de madera y muy precario, truncando así el sueño anhelado por los pequeños empresarios”, señaló el Ministerio Público en su comunicado.
Posteriormente, se obtuvo otro financiamiento, elevando el monto del préstamo a 55 millones 426 mil 275 lempiras, deuda que actualmente recae sobre los vendedores, quienes no pudieron contar con sus propios negocios debido a la mala administración de los recursos.
El Ministerio Público continuará el proceso judicial, asegurando que los responsables de los delitos respondan ante la ley por los hechos investigados.