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lunes, mayo 5, 2025

Ex ministra de Finanzas Rocío Tábora se entrega voluntariamente a la justicia

En horas de la madrugada la exministra de Finanzas, Rocío Tábora Morales se entregó voluntariamente a la justicia hondureña.

Así lo informó la abogada Doris Madrid, defensa de la exfuncionaria involucrada en la compra de Hospitales Móviles.

Madrid indicó que, la presentación voluntaria se produjo a las 4:00 de la mañana en El Barrio Abajo de Tegucigalpa, en la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

Ahora está a la espera de que se le notifique la hora para que se inicie con la audiencia de imputado.

La exfuncionaria de 59 años se encuentra en poder de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la unidad receptora de detenidos.

Se informó que este miércoles en horas de la tarde comparecerá ante el juez para determinar qué proceso judicial se le seguirá.

El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó una ampliación de requerimiento fiscal por suponer responsables de los delitos de fraude a la exministra de Salud y a la extitular de Finanzas.

La defensa de Tábora, Flores y Rodríguez presentaron el 9 de noviembre una solicitud para que ellas se presentaran de forma voluntaria a los tribunales.

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Lea También: MP emite requerimiento fiscal contra la exministra de salud, Alba Consuelo y exministra de finanzas, Roció Tábora

Fraude en compra de hospitales

La última década en Honduras está marcada por una lista de sonados actos de corrupción.

Mismos en los que “desfilaron” prominentes figuras de la política hondureña y de los distintos gobiernos. Muchos de ellos, hoy gozan “del sabor de la miel” de la impunidad.

El caso más sonado de corrupción es el vinculado a la compra de siete hospitales móviles por un valor de casi 48 millones de dólares ($ 47.512.564) para hacerle frente al coronavirus.

Según el Ministerio Público hondureño, la adquisición se hizo “de forma directa y fraudulenta”.

“Es un hecho sin precedentes en función del momento en el que se da, cuando existe una emergencia sanitaria”, expresó Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

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