El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva normativa que modifica el procedimiento para tramitar determinadas solicitudes de asilo, al permitir que algunos casos sean enviados directamente a un juez de inmigración sin que el solicitante deba pasar previamente por una entrevista con funcionarios migratorios.
La disposición fue publicada el 28 de julio en el Registro Federal y entró en vigor ese mismo día. La medida otorga a los oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) la facultad de decidir qué expedientes podrán seguir este nuevo procedimiento.
De acuerdo con la normativa, los funcionarios analizarán la documentación presentada, los antecedentes del solicitante y las pruebas disponibles antes de determinar si el caso será resuelto por la propia agencia o remitido a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
USCIS continuará realizando entrevistas cuando considere que existen elementos suficientes para aprobar o denegar una solicitud.
Sin embargo, podrá prescindir de ese paso cuando estime que el expediente debe ser evaluado directamente por un juez de inmigración.
Entre los cambios introducidos también figura la eliminación de la referencia, dentro de los reglamentos, al supuesto derecho del solicitante a una entrevista durante el proceso de asilo afirmativo.
Asimismo, la agencia ya no estará obligada a incluir una evaluación de credibilidad al momento de remitir el caso a un tribunal migratorio.
Las autoridades aclararon que, si la persona no cuenta con otro estatus legal para permanecer en Estados Unidos, la remisión ante un juez podría dar paso a un proceso de deportación.
No obstante, el solicitante conservará el derecho de defender su petición de asilo y presentar otras formas de protección migratoria durante el procedimiento judicial.
El director de USCIS, Joseph Edlow, explicó que la nueva política busca reducir el retraso acumulado en la resolución de expedientes y concentrar los recursos de la agencia en los casos que realmente requieren una entrevista personal.
Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida podría aplicarse a 444,724 de los 1,434,145 expedientes de asilo afirmativo pendientes al cierre del año fiscal 2025, equivalente a cerca del 31 % del total.
Además, las proyecciones oficiales indican que alrededor de 132,167 solicitantes cada año podrían ser remitidos directamente ante un juez, principalmente por haber presentado su solicitud fuera del plazo establecido, estar sujetos a alguna prohibición prevista por la ley o no cumplir con los requisitos exigidos para obtener asilo.
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