Tegucigalpa. El estado de excepción y el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen aprobado en Honduras para frenar la violencia ha avivado el debate sobre la participación de militares en tareas de seguridad.
El especialista en criminalística Gonzalo Sánchez ve con buenos ojos la implementación del estado de excepción.
Asimismo, la incorporación de las Fuerzas Armadas de Honduras en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común
La violencia que azota a Honduras constituye “una emergencia nacional”, por lo que Sánchez dijo que utilizar militares en labores de seguridad pública podría ser la solución para combatir la ola de criminalidad en el país.
El Gobierno de Honduras aprobó el pasado viernes el Plan Nacional y la ampliación por seis meses más del estado de excepción.
Durante el régimen de excepción, quedan suspendidas las garantías constitucionales, con el fin de frenar la violencia.
Muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se han negado a pagar el llamado “impuesto de guerra” se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país.
El pago que exigen los extorsionistas ha llevado a la quiebra no solo pequeños y medianos negocios, sino también a empresarios del sector transporte.
Combatir la violencia vs derechos humanos
En opinión de Gonzalo Sánchez, en Honduras “hay voluntad política” para frenar a las estructuras criminales que le han hecho “bastante daño” al país.
El experto también cree que incluir a las Fuerzas Armadas de Honduras en labores de seguridad pública “es la mejor decisión” que ha tomado el Gobierno.
Según el Plan Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) colaborará en acciones y actividades de seguridad.
Mientras que las Fuerzas Armadas cooperarán con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como “Centros de Reclusión de Emergencia”.
El Gobierno hondureño defiende el estado de excepción como una medida eficaz para combatir la criminalidad y proteger a la población.
El estado de excepción faculta a las autoridades a restringir la libertad de circulación y reunión, registrar domicilios y efectuar capturas sin orden judicial.
Por esa razón, organizaciones de derechos humanos consideran que podría abrir la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país.
La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, indicó que el estado de excepción podría derivar en “detenciones arbitrarias”.
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Señaló que el despliegue de soldados para luchar contra los grupos delictivos “compromete los esfuerzos de desmilitarización” de la seguridad ciudadana en Honduras.
Igualmente, que el estado de excepción “abre la puerta a vulneraciones reiteradas y sistemáticas de los derechos humanos”.
A estas bandas se les atribuyen la mayoría de homicidios registrados en Honduras, país que reportó 3.519 muertes violentas en 2022, según datos oficiales. EFE