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jueves, julio 25, 2024

Estado de emergencia durará hasta el 22 de diciembre, según PCM 24-022

Ejecutivo define instituciones que levantarán inventario de daños, las que pueden realizar compras directas y las que vigilarán que no haya corrupción.

El estado de emergencia decretado el pasado viernes por la presidente de la república, Xiomara Castro de Zelaya, y oficializado con la publicación del PCM 24-2022 en el Diario Oficial La Gaceta, tendrá una duración de 90 días, es decir concluirá el 22 de diciembre próximo.

El decreto PCM 24-2022 establece que la emergencia estará vigente durante “la temporada ciclónica en 18 departamentos del país”.

Su finalidad será responder de “forma inmediata y oportuna, ante la grave situación y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional.

Y esto, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras”.

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El decreto ejecutivo instruye a “las instituciones de la administración pública, secretarías de Estado, entes desconcentrados, empresas e instituciones”.

También a “direcciones administrativas y gerencias de programas y proyectos, a proceder de inmediato”

Para “ejecutar las acciones de prevención y atención de daños con consecuencias para la vida y los bienes de las poblaciones”.

Igualmente, el decreto cita que el Sistema Nacional de Emergencia 911 se mantendrá activo en servicio con atención inmediata.

Instituciones

Además, la orden ejecutiva detalla con nombres las instituciones que “podrán realizar las contrataciones directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia”.

Entre estas se indican a Copeco, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

También la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Tareas a realizar

Asimismo, indica las funciones que deberán realizar “de acuerdo con sus competencias legales”.

Entre estas tareas se señalan “la restauración de los cultivos dañados de la población afectada, dotación y facilitación de sistemas de tecnología agrícolas”.

También de “maquinaria, semillas, fertilizantes e infraestructura productiva”.

Pudiendo para tal fin implementar “Centros Logísticos Agrícolas” con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)”.

Contrataciones directas

El decreto del Ejecutivo también define que “para estos efectos, las contrataciones de bienes y servicios podrán realizarse de forma directa cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado.

Asimismo con “los mecanismos de publicidad y transparencia, de acuerdo con la naturaleza y objeto de cada contrato”.

Igualmente, ordena que “el Sinager y las instituciones que lo integran y las autorizadas al amparo del presente Decreto de Declaratoria de Emergencia, deben proporcionar a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la información que requiera.

Y esto, “una vez realizadas las obras o durante su ejecución, sin que esta sea retrasada, a fin de fomentar la transparencia, rendición de cuentas”.

Sinager

Con ese propósito, la mandataria, a través del Decreto, manda a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), “mantener activo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Para que todas las instituciones que lo integran, trabajen de forma articulada y respondan inmediatamente a las emergencias que se reportan a nivel nacional”.

También define las atribuciones de otros entes y funcionarios de Gobierno.

Por ejemplo, “a través de los gobernadores departamentales y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon)”, se les “pide el seguimiento e inventario de daños y rehabilitación de vías de comunicación”.

Igualmente, a la “Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa) registre un inventario y dé seguimiento a la ejecución de los proyectos y su avance administrativo, físico y financiero”.

Proasol y Banasupro

El PCM 24-2022 “Insta a Sedesol, en su condición de institución rectora de las políticas sociales y de combate a la pobreza, dirigidas a la atención de los sectores más vulnerables de la población, a implementar acciones inmediatas para atender sus necesidades básicas y de sobrevivencia en coordinación con Proasol y Banasupro”.

Seguridad

Además, “instruye a la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad, a adoptar medidas, acciones y providencias necesarias”.

Lo anterior, “para garantizar la vida y el resguardo de los bienes e integridad física de las personas que residen o acuden a las zonas consideradas de alta vulnerabilidad y de impacto por las tormentas y fuertes lluvias”.

Salud

El decreto pide de una forma general a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud “a mantener y garantizar la provisión de servicios”.

Así como la “orientación y atención inmediata de las personas que, como consecuencia de las potenciales inundaciones, puedan ser afectadas por enfermedades comunes y contaminación de agua o alimentos”.

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