La instalación de túmulos en las principales carreteras de Honduras estará sujeta a nuevas disposiciones tras la entrada en vigencia de la Ley de Ordenamiento Técnico y Eliminación de Túmulos Irregulares en la Red Vial Primaria Nacional.
La normativa quedó oficialmente establecida mediante el Decreto Legislativo 257-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta, edición 37,295, luego de recibir la aprobación unánime del Congreso Nacional el pasado 21 de octubre.
Entre sus principales disposiciones figura la prohibición de construir túmulos tradicionales, artesanales o que no cuenten con certificación técnica en la red vial primaria del país.
A partir de esta regulación, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tendrá la responsabilidad de autorizar y determinar cuándo corresponde instalar, mantener, reemplazar o retirar los dispositivos utilizados para reducir la velocidad de los vehículos.
Inventario de túmulos en las carreteras
La legislación establece un período de 12 meses para que la SIT, en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), elabore un inventario técnico de los reductores de velocidad que actualmente se encuentran en la red vial primaria nacional.
Este registro permitirá identificar las estructuras existentes y determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos y cuáles deberán ser retiradas o sustituidas.
En ese sentido, los túmulos que no reúnan las condiciones técnicas exigidas tendrán que eliminarse progresivamente o reemplazarse por alternativas certificadas de seguridad vial.
Entre las opciones contempladas se encuentran los reductores de velocidad normalizados, la señalización vertical y horizontal, los cruces peatonales elevados construidos bajo criterios técnicos y los sistemas electrónicos de control de velocidad cuando sean necesarios.
Buscan ordenar la instalación de reductores de velocidad
Con la entrada en vigor de esta ley, las autoridades buscan establecer controles sobre la construcción de túmulos en las carreteras hondureñas y evitar la permanencia de estructuras improvisadas que no cumplan con las especificaciones correspondientes.
La normativa también pretende que cualquier dispositivo destinado a disminuir la velocidad de los automóviles cuente con autorización y responda a criterios técnicos de seguridad vial.
De esta manera, la instalación de reductores de velocidad en la red vial primaria dejará de depender de construcciones artesanales y quedará bajo la regulación de las instituciones competentes.


