Lima. El estado de emergencia anunciado en Perú por 30 días, y a nivel nacional, entró en vigencia este miércoles con la publicación del decreto supremo firmado por la presidenta, Dina Boluarte.
Asimismo, cuatro integrantes del Consejo de Ministros lo firmaron, con el fin de recuperar el orden público después de las masivas protestas.
El decreto que declara el estado de emergencia a nivel nacional fue publicado en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano.
En su primer artículo, precisó que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Lea también: López Obrador pide a Bad Bunny dar concierto gratis tras caos en las entradas
Suspendidas las garantías constitucionales
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio.
Además, de la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad de seguridad personal.
Igualmente, la norma dispuso la suspensión de los estados de emergencia que estaban vigentes en diferentes departamentos del país.
Con respecto a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el decreto precisó, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía.
En sus considerandos, el decreto supremo señaló que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz”.
En este caso, el Ejecutivo adoptó esta medida después de unos cuatro días de violentas manifestaciones y vandalismo en varias regiones del país.
Ocho fallecidos por las protestas
Hasta el momento, hay un saldo de ocho fallecidos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.
Aunque el ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo que el Ejecutivo evaluaba la posibilidad de dictar un toque de queda.
Sin embargo, ésta medida no ha sido considerada en la norma publicada.
El decreto también estableció un plazo de cinco días, posteriores al término del estado de emergencia, para que la Policía Nacional presente un informe de las acciones realizadas durante el régimen de excepción.
Otárola explicó, este miércoles, que la declaración del estado de emergencia responde a “los hechos vandálicos, violentos y tomas de carreteras.
“Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno”, dijo el ministro.
Señaló que esta medida ha sido motivada “para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno”.
Las protestas producidas en los últimos días sobre todo en el sur del país piden la convocatoria de una asamblea constituyente.
Igualmente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte.
También, la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras el autogolpe de estado fallido. EFE