La Unidad Nacional Antisecuestros localizó durante la madrugada de este domingo a un joven de 27 años que habría simulado haber sido secuestrado en una zona montañosa de Marcala, La Paz, según informaron las autoridades.
El joven fue identificado como Adonaldo Misael Yánez Amaya, originario de Colomoncagua, Intibucá, quien trabaja como albañil para una empresa constructora que ejecuta labores de bacheo en el municipio de Marcala.
De acuerdo con la información recabada, Yánez Amaya reside junto a otros trabajadores de la compañía en un apartamento ubicado en el barrio San Rafael. La noche del sábado habría solicitado permiso para salir a comprar a una pulpería cercana.
Sin embargo, el joven no se presentó posteriormente a sus labores, situación que llevó a su jefe inmediato a comunicarse con él mediante WhatsApp para conocer las razones de su ausencia.
La respuesta recibida desde el teléfono del trabajador señalaba que supuestamente se encontraba secuestrado y exigía el pago de un millón de lempiras a cambio de su liberación.
El mismo mensaje habría sido enviado a otros dos empleados de la empresa, por lo que se activaron los protocolos correspondientes y equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros se desplazaron hasta el departamento de La Paz.
Mediante labores de investigación, inteligencia y técnicas especiales, los agentes lograron establecer la ubicación del joven, quien fue encontrado sano y salvo entre unas fincas de café en una zona montañosa del municipio.
Al ser localizado y consultado por los investigadores, el joven habría reconocido que no estaba secuestrado y que él mismo realizó las exigencias económicas.
Según su versión, habría simulado el rapto debido a que quería tomarse un día de descanso ante las exigencias de su trabajo y utilizar el dinero solicitado para pagar algunas deudas.
Tras esclarecerse el caso, las autoridades anunciaron que el joven será remitido ante la Fiscalía para que se determine la responsabilidad correspondiente por el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en el artículo 529 del Código Penal.
El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá continuar con el proceso conforme a lo establecido en la legislación hondureña.
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