“Voy por el oro hondureño”, advierte el propietario de la empresa DRC INC., el estadounidense Murray P. Farmer. Quien ganó una demanda contra Honduras por 2,600 millones de Lempiras.
“Mis derechos van a ser exigidos contra la reserva hondureña, voy por el oro hondureño”, dijo Murray en un video en su cuenta de Facebook.
Murray ganó una demanda, por la suspensión de un contrato de reconstrucción tras el paso del huracán Mitch en 1998 y que el Gobierno hondureño se niega a cancelar.
El empresario afirma que DRC INC realizó distintas obras en Honduras, tras el paso del huracán entre los años 2000 al 2002.
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Anulación del contrato
Honduras anuló el contrato. argumentando que DRC INC. subcontrató a una compañía nacional para que ejecutara las obras. Además indica que la legislación de Estados Unidos prohíbe que empresas de ese país realicen estas operaciones.
La empresa DRC INC. subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a Honduras a fiscales especiales, quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.
“Me tiene totalmente sorprendido que salió un representante de Xiomara Castro diciendo que no me va a pagar nada. Xiomara (Castro), tu no eres ningún juez y aquí no termina esto, tengo 20 años de estar peleando y no me voy a rendir”, advirtió Farmer.
DRC INC. demandó a Honduras ante la justicia civil y, tras 20 años de litigio, el Poder Judicial ordenó que se embargara la cuenta de la Tesorería General de la Repúblicapor 2,600 millones de lempiras para hacer efectivo el pago, algo que el Ejecutivo aseguró que desacatará.
“Si no me pagan en Honduras, yo voy a ir a que me paguen allá (Estados Unidos); las consecuencias que vienen no son mi culpa, si se devalúa el lempira, es culpa de (la presidenta) Xiomara (Castro), no es culpa de Murray“, expreso el inversionista.
Antecedentes del caso
Después del huracán Mitch, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa norteamericana DRC INC., un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.
En 2007, la empresa DRC INC. sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato.
La empresa DRC INC. presentó una demanda contra Honduras en un Tribunal del Distrito Federal en Washington, Estados Unidos, con fundamento en un laudo arbitral internacional que dictó el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
En octubre de 2014, la Corte Federal en Washington dictó sentencia declarando que Honduras “no tiene obligación de pagar la deuda de USAID y que el Estado hondureño tiene inmunidad soberana”.
“Decenas de trampas”
Pero, “después de decenas de trampas que se evidencian en las acciones de funcionarios del Poder Ejecutivo postgolpe (de Estado en 2009), FHIS, Sedecoas, PGR, y en los expedientes administrativos y judiciales por más de 10 años”, se emitió el falló contra el Estado, señaló un comunicado del Gobierno de Honduras.
Fue así que en 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras condenó al Estado a pagar a NAINSA, 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios, y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales.
Finalmente, el Poder Judicial aplicó el embargo de la cuenta de la Tesorería General de la República por 2,600 millones de lempiras, pero no se aclaró si dentro de este monto se encuentran los 351.1 millones por daños y perjuicio a NAINSA y los otros 42 millones por honorarios.