Tegucigalpa, Honduras.- Diversos empleados públicos han denunciado estar siendo víctimas de represalias laborales por no haber participado en la marcha oficialista del pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la cual fue encabezada por altos funcionarios del gobierno y dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre).
Según testimonios recogidos por distintos medios, en instituciones públicas como el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), los trabajadores que no asistieron a la movilización han sido emplazados para justificar su ausencia.
Se teme que en las próximas horas puedan ser despedidos, conforme a amenazas veladas transmitidas en la institución.
Durante el desfile del Día del Trabajador en la capital, fue evidente la presencia de ministros, activistas y empleados públicos portando camisetas y pancartas del partido de gobierno, desplazando a las tradicionales organizaciones obreras que históricamente han liderado esta fecha con demandas laborales.
Testigos afirman que en varios grupos de empleados afines al oficialismo, personal de recursos humanos pasó lista para registrar la asistencia a la marcha, supuestamente con fines administrativos.
Esta práctica ha sido calificada por sectores críticos como un uso político de una fecha que debería estar centrada en los derechos de los trabajadores.
Además de la marcha, también se han reportado represalias contra empleados públicos que no participaron en las elecciones primarias internas del partido Libre en marzo pasado.
Líderes de oposición aseguran que en varios casos los trabajadores están siendo despedidos progresivamente por no haber respaldado al oficialismo en las urnas.
Uno de los casos más recientes se presentó en la alcaldía del Distrito Central, donde el alcalde Jorge Aldana, según denuncias del Partido Nacional, despidió a unos 500 empleados identificados con ese instituto político por no apoyarlo electoralmente.
Estas acciones han generado preocupación en sectores sociales y políticos que denuncian una creciente politización del empleo público, así como un retroceso en el respeto a los derechos laborales y a la libertad de pensamiento.