Tegucigalpa. El Fiscal General del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, afirmó de manera tajante este miércoles que no permitirá que su institución se utilice para proteger a personas involucradas en actos de corrupción.
«El Fiscal General no está para apañar ningún pícaro o corrupto», expresó en relación al controvertido decreto 04-2022, conocido como la Amnistía Política o «Pacto de Impunidad».
Zelaya subrayó que dicha ley está vigente y, si se desea modificar su impacto, debe ser derogada. «Es una ley, y hay que entenderlo, deróguenla y hablamos, sencillo», dijo.
Este decreto ha sido utilizado para beneficiar a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), quienes enfrentaban cargos de corrupción.
Entre los beneficiados se encuentra Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula, cuyo caso esta bajo revisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, ha convocado al pleno de magistrados para tratar este y otros temas.
Sin embargo, varios magistrados han solicitado suspender la sesión.
Asesinato de Juan López y el papel de la Fiscalía
Zelaya también se refirió al reciente asesinato del ambientalista Juan López en el Bajo Aguán, Colón.
Manifestó su pesar por la muerte del activista, calificándolo como una pérdida no solo para su comunidad, sino para todos aquellos que luchan por la protección del medio ambiente.
«Quien pelea a favor del ambiente, pelea por la vida», declaró Johel Zelaya.
Asimismo, aseguró que el Ministerio Público ha reforzado el equipo de fiscales para investigar el crimen.
El fiscal general rechazó las acusaciones hechas en redes sociales, por el padre Carlos Orellana, quien señaló al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, como responsable del asesinato.
«No me voy a dejar llevar por redes ni discursos. Vamos a investigar y a llevar ante la justicia al verdadero criminal, sea intelectual o material», enfatizó.
Llamado a derogar el artículo 227 del Código Penal
Johel Zelaya aprovechó para hacer un llamado al Congreso Nacional (CN) a derogar el artículo 227 del Código Penal.
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Mismo, que establece condiciones específicas para la toma de declaraciones por parte de los fiscales.
Lo calificó como una disposición que afecta la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
«¿Cómo es posible que ese artículo diga el día, la hora y el lugar para que el fiscal vaya a tomar declaración? Es discriminatorio», cuestionó.
Finalmente, Johel Zelaya reiteró su postura de no aceptar presiones de ningún tipo y garantizó que el caso del asesinato de Juan López se investigara fondo.
«Mi conciencia está tranquila. Vamos a llegar al fondo del asunto», concluyó.
