En la clase anterior de historia política citamos la razón ofrecida, con ánimo que el presidente de la Constituyente pusiese oídos sordos a la insistencia de varios de los “señores feudales” neceando por una elección suya igual a como ocurrió con la de 1957 que eligió –el 21 de septiembre de 1957– en un proceso indirecto de segundo grado, a Villeda Morales presidente constitucional.
(Las disposiciones transitorias contemplaban “que la Asamblea Constituyente seguiría funcionando” y una vez jurada la Constitución, se transforma en Congreso ordinario, para el período constitucional 1958-1963.
El presidente asumió el cargo el 21 de diciembre de 1957 y la nueva Constitución Política fue decretada el 19 de diciembre de 1957).
Los liberales –con 35 diputados y el PN con 33– ganaron la Constituyente del 80, pero no con mayoría absoluta de diputados. Uno de los partidos emergentes –con sus 3 diputados por residuos– se convirtió en el fiel de la balanza.
Tal era el peso del naciente partidito –como ya contamos– aliado con el otro grupo del ala minoritaria que cambiaron el período constitucional de los 6 años consignados originalmente en un artículo aprobado, con acta ratificada, a 4 años.
Los intereses políticos hacían más atractivo ir a probar suerte en otras elecciones –pulsar si la temperatura electoral era otra y el humor de la gente había cambiado– cada cuatro años y no esperarse los seis. (Quizás, mejor que así haya quedado, a veces 4 años son tolerables, pero la paciencia del colectivo, por indulgente que sea, no aguanta tanto como 6 años de mal gobierno.
Y para que sopesen la sabiduría de los constituyentes, a recientes acontecimientos de ahora, sumado al interés de evitar el uso de recursos y de la influencia del poder para el continuismo, esa fue una razón por la que quedó prohibida la reelección).
De haber ocurrido la elección de segundo grado –para satisfacer la apetencia de los “ayatollah” que desde el gobierno transitorio se les quemaba la miel por repartirse ministerios sin someterse al albur de ir a probar suerte en otras elecciones– el control del Congreso ordinario seguiría en manos del partido bisagra. (¿Era aquello recomendable dada la etapa temporaria tan delicada de transición militar a la civil –cuando los uniformados no estaban convencidos de soltar del todo el poder– tener un gobierno padeciendo tanta fragilidad de su autoridad?).
Otra demostración de la fuerza de un partido minoritario con la sartén por el mango, fue cuando a su gusto introdujeron pedacitos de un territorio que a los años generó conflicto, más todo el capítulo de la salud, (buenos enunciados, dicho sea de paso) pero sin que ninguno de los partidos tocase una sola coma en la redacción para no contrariarlos. (Dados esos antecedentes, pudieron más las razones esgrimidas para ir a nuevas elecciones que depender de un Congreso repartido de la misma manera que la Constituyente).
La Comisión Coordinadora –como decíamos ayer– bajo la secretaría de la diputada ingeniero que tomaba apuntes en su famoso cuadernillo, consensuaba los artículos que se someterían a discusión y aprobación del pleno.
Pero no pudieron convenir en lo relativo al capítulo de los “Tratados”. El secretario del Congreso y miembro de la comisión, influenciado por una redacción ofrecida por funcionarios de la cancillería, se empeñó que “el tratado debía ser ratificado por el Congreso”.
Varios diputados de la coordinadora intentamos convencerlo del error. La negociación y suscripción (firma) es función del Ejecutivo, la aprobación o no aprobación es facultad del Legislativo y la ratificación del tratado (en derecho internacional) es el acto formal mediante el cual el Estado –representado por el Ejecutivo– expresa su consentimiento definitivo para obligarse por el tratado.
Llevaron al pleno a los doctores de la cancillería a sustentar su anacrónica postura, avalada por el abogado diputado secretario que fervientemente la defendía, y hasta leyeron un artículo de prensa de otro doctor reclutado, conocido internacionalista, citando libros, como fuente de apoyo. Sin embargo, en el debate, les ganamos la batalla.
Utilizando el mismo libro del internacionalista les sugerimos que le dieran vuelta a la página en cuestión, para enterarse de su equivocación ya que el referido tratadista de derecho internacional citado, (en la lección que ofrece sobre la culminación y perfeccionamiento de los tratados) concordaba exactamente con nuestra posición.
El pleno no se dejó impresionar por la presencia de los todólogos de la cancillería, y una vez que varios de los diputados de la coordinadora, de ambas alas, expusimos con lujo de detalles, el criterio doctrinario en propiedad, el artículo 16 quedó redactado de la siguiente manera: “Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional, antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo.
Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez entren en vigor forman parte del derecho interno”. (Suerte –entra el Sisimite– que todavía hay constituyentes vivos que pueden dar fe de estos relatos. -Bueno hubiese sido –sugiere Winston– que hubiesen plasmado en un libro, como testimonio histórico escrito, de aquellas discusiones que se dieron en el seno de la Comisión Coordinadora, y de otras incidencias.
En derecho, los exégetas hablan mucho del “espíritu del legislador”, en discusiones jurídicas de los profesionales de la rama, y hasta en interpretaciones y sentencias de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. -Supe –vuelve el Sisimite– que en un momento hubo esa intención, pero ocupaban las notas que de manera meticulosa mantuvo doña Irma en su apetecido cuadernito. -Unos días antes de su fatal caída –ilustra Winston que cuentan en su casa– ella dijo que estaba buscándolo entre un montón de cajas que guardaba, obviamente con el propósito aludido.
La fuimos a ver al hospital, en su lecho convaleciente y una de sus hijas confirmó que, en efecto, seguía buscando el cuadernito. Tristeza, no tanto por el cuadernito, sino por la calidad de persona que fue, haber perdido a la recordada amiga, rectora fundadora de la Universidad José Cecilio del Valle quien, luchando en solitario, obtuvo el espacio académico de que hoy gozan las privadas en el nivel de enseñanza superior, como la incorporación de las universidades privadas a la legislación hondureña).