La violencia agraria vuelve a sacudir la región del Bajo Aguán con el asesinato de dos campesinos ocurrido esta mañana en la margen izquierda del río Aguán, en el departamento de Colón.
Las víctimas fueron identificadas como Ramón Baquedano Rivas, miembro de la cooperativa Nueva Panamá, y su hijo Carlos Rivas, quien pertenecía a la cooperativa Gregorio Chávez, ambas integrantes de movimientos campesinos en lucha por la tierra en la zona.
Según testimonios preliminares, padre e hijo fueron atacados por sujetos armados mientras realizaban labores agrícolas en un terreno en disputa.
El crimen ha generado indignación entre las organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos, quienes denuncian una intensificación de la represión contra líderes agrarios.
Contexto de conflicto
El Bajo Aguán es una región históricamente marcada por conflictos entre campesinos organizados y grandes terratenientes, particularmente vinculados a empresas agroindustriales, principalmente del sector palmero.
Las cooperativas Nueva Panamá y Gregorio Chávez forman parte del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Frente Nacional de Resistencia Popular Agraria, que desde hace más de una década mantienen demandas por acceso a tierra y justicia social.
Organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) han documentado más de 150 asesinatos de campesinos en la zona desde 2010, la mayoría en contextos de conflicto por tenencia de tierras y sin que los responsables sean procesados judicialmente.
Reacciones
Dirigentes de movimientos campesinos locales han exigido una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial por parte del Ministerio Público y han señalado que estos crímenes no son aislados, sino parte de una estrategia de intimidación y despojo.
«Lo que ha pasado hoy con Ramón y su hijo Carlos es un acto cobarde y parte de la persecución sistemática contra quienes defienden su derecho a la tierra. El Estado no puede seguir permitiendo que estos crímenes queden en la impunidad», expresó un vocero del MUCA.
Asimismo, organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que observe de cerca la situación del Bajo Aguán y exija al Estado hondureño garantías de protección para las comunidades campesinas.
Impunidad persistente
Pese a las múltiples denuncias presentadas ante instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los hechos violentos en la zona han continuado sin mayores avances en materia de justicia.
Los campesinos denuncian vigilancia, amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos, sin respuestas concretas del gobierno.
La comunidad permanece en alerta, mientras se preparan actos de protesta y movilización para exigir justicia por las muertes de Ramón Baquedano Rivas y Carlos Rivas, que se suman a una larga lista de víctimas del conflicto agrario no resuelto en el país.
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