Un informe del comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos reveló que el Gobierno de Donald Trump gastó 40 millones de dólares en deportar a 300 inmigrantes a terceros países durante el último año.
La investigación, liderada por la senadora Jeanne Shaheen, duró diez meses y analizó los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones.
Según el documento, más de 32 millones de dólares fueron entregados directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau.
De los 300 deportados, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, mientras que el resto fue trasladado principalmente a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe critica que muchos de los inmigrantes podrían haber sido devueltos a sus países de origen, y que más del 80 % ya han regresado o están en proceso de hacerlo.
En algunos casos, Estados Unidos pagó dos veces: primero para enviarlos a un tercer país y luego para regresarlos a su nación natal.
Los senadores demócratas advierten que la política del Gobierno busca retirar estatus legales como el TPS o permisos humanitarios, lo que podría aumentar el número de deportaciones a terceros países.
Además, señalan que estas operaciones representan un alto costo económico y un riesgo diplomático, financiando gobiernos extranjeros sin la debida supervisión.
El informe concluye que estas deportaciones son ineficientes y carecen de transparencia, constituyendo un despilfarro de recursos públicos, y que circunvalan el marco legal migratorio estadounidense, poniendo en evidencia la necesidad de revisar la política de traslado de inmigrantes.
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