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domingo, abril 21, 2024

Ecuador expulsará del país a 3,200 presos extranjeros

Quito. Con la suscripción del Decreto 139, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, materializó su promesa de iniciar un proceso que permita repatriar a los presos extranjeros que cumplen sentencias en Ecuador.

Según el Código Penal de Ecuador, las condenas contra extranjeros resueltas por autoridades ecuatorianas “podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad del sentenciado”.

Para lograr la repatriación de 3.200 prisioneros, Noboa dio instrucciones al servicio de cárceles y a ministerios de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos y Gobierno.

De los 3.200 presos extranjeros, 1.500 son de nacionalidad colombiana.

Servicio Nacional de Atención Integral

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), que rige las cárceles, deberá cumplir con los procedimientos administrativos.
Lo que permitirá, que repatriar a los presos extranjeros para que cumplan la sentencia en el país de origen.
Luego, las carteras de Estado mencionadas se encargarán de las acciones dispuestas bajo los tratados bilaterales y multilaterales.
Lo anterior, respecto a la repatriación o traslado de presos a sus países con fin humanitario.

“Esa gente no va a poder volver a entrar (…) No vamos a permitir que vaya a Colombia y regrese a cometer los mismos crímenes en Ecuador. Estamos moviendo de 100 en 100 hasta acabar con todos”, dijo Noboa.

Según el primer mandatario, la repatriación permitirá reducir el hacinamiento en las cárceles.

Además, de disponer de los recursos económicos estatales que se enfocaban en esas personas.

Ecuador presos extranjeros

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que los problemas del sistema carcelario del Ecuador son de “carácter estructural que se viene acuñando desde hace por lo menos dos décadas”.

Las principales razones de la crisis, de acuerdo al informe, son el debilitamiento de la institucionalidad y la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

También entre las causas están la corrupción, la falta de un registro adecuado de las personas privadas de libertad y la disminución presupuestaria.

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Asimismo, la falta de personal de custodia, la ausencia de una política penitenciaria, el hacinamiento, la creación de mega cárceles, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, entre otros.

Entre las recomendaciones que entrega la Comisión insta a que el gobierno actúe en la reducción de la población carcelaria.

Esto, para “remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido”.

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