Tegucigalpa, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó un incremento del 138.5 % en las aprehensiones de menores de edad vinculados presuntamente con infracciones penales en Honduras, al contabilizar 415 casos en lo que va de 2026, frente a los 174 registrados durante 2025.
De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la institución policial, la diferencia representa 241 aprehensiones adicionales en comparación con el año anterior, un resultado que la DPI atribuye al trabajo de investigación criminal, seguimiento y ejecución de órdenes judiciales desarrollado por sus equipos a nivel nacional.
Las actuaciones incluyen procedimientos derivados de órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades competentes, así como detenciones en flagrancia. Estas acciones buscan identificar y localizar a personas requeridas por la justicia y remitir los casos a los órganos correspondientes para que continúen los procesos legales.
Investigaciones y operativos a nivel nacional
La DPI señaló que sus investigadores mantienen labores de inteligencia, búsqueda y localización para dar respuesta a hechos delictivos y fortalecer las acciones contra la impunidad.
Como parte de estas operaciones, los equipos policiales desarrollan diligencias orientadas a reunir información, ejecutar mandamientos judiciales y poner a disposición de las autoridades competentes a los menores señalados de una presunta participación en infracciones penales.
El incremento de las aprehensiones refleja una mayor cantidad de actuaciones registradas por la institución. Sin embargo, las cifras por sí solas no permiten establecer si existe un aumento equivalente en la comisión de delitos por parte de menores de edad, ya que también pueden influir factores como la intensidad de los operativos y la capacidad de investigación policial.
Justicia juvenil y respeto al debido proceso
Los casos que involucran a menores de edad deben tramitarse conforme a la legislación hondureña aplicable a la justicia penal juvenil, con respeto a las garantías procesales y a los derechos de la niñez y la adolescencia.
Una aprehensión no constituye una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de una persona. Corresponde a las autoridades judiciales conocer cada expediente y resolverlo conforme a las pruebas y los procedimientos establecidos por la ley.
Mientras tanto, la DPI sostiene que continuará desarrollando acciones de investigación y seguimiento para atender los requerimientos judiciales y contribuir a la seguridad en el territorio nacional.
Nota: La institución no especificó en las cifras divulgadas la fecha exacta de corte de los datos correspondientes a 2026, por lo que el balance debe entenderse como un acumulado del período reportado y no como una cifra definitiva de cierre de año.