Danlí, El Paraíso. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un profesor y regidor municipal de 64 años en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, por su presunta participación en un caso de abuso sexual en perjuicio de una estudiante de 13 años.
El detenido fue identificado por las autoridades como Henry Antonio Valladares Vallecillo, quien fue requerido en cumplimiento de una investigación relacionada con hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente dos meses.
De acuerdo con el informe policial, la denuncia señala que el docente habría citado a la menor a un aula del centro educativo donde ambos permanecían, bajo el argumento de revisar sus calificaciones.
Según la investigación preliminar, una vez dentro del salón la estudiante habría sido víctima de una agresión. Además, las autoridades investigan la denuncia de que el sospechoso presuntamente la intimidó para impedir que revelara lo sucedido.
Como parte del proceso investigativo, el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó evaluaciones a la menor, las cuales establecieron que presenta un embarazo de aproximadamente dos meses. Este resultado fue incorporado al expediente que será remitido al Ministerio Público y a los tribunales competentes.
Tras su detención, Valladares Vallecillo fue puesto a disposición del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, donde continuará el procedimiento penal correspondiente.
Continúan investigaciones por delitos contra menores
Las autoridades señalaron que este caso se suma a otros procesos registrados durante 2026 relacionados con denuncias de delitos sexuales en el ámbito educativo.
La DPI reiteró que mantiene operativos e investigaciones para esclarecer este tipo de hechos y exhortó a la población a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el Código Penal de Honduras, los delitos sexuales contra menores de 14 años son perseguidos por la ley independientemente del consentimiento, al considerar que este no tiene validez jurídica en esos casos. La normativa contempla penas que varían según la conducta investigada y las circunstancias acreditadas durante el proceso judicial.
Las autoridades recordaron que toda persona capturada goza de la presunción de inocencia mientras un tribunal competente no determine su responsabilidad mediante una sentencia firme.