Cristian Alexander Núñez García, exdirector de un centro educativo evangélico en Tegucigalpa, Distrito Central, ha sido condenado a 11 años de prisión tras ser declarado culpable de violar a una alumna de 15 años.
La sentencia, emitida por el Ministerio Público, también incluye penas accesorias significativas: inhabilitación absoluta para ejercer cargos y la prohibición de acercarse a la víctima por 22 años, duplicando el tiempo de la pena de prisión para garantizar su protección.
Detalles del reprobable acto
Según el informe judicial, el delito ocurrió cuando la menor acudió a la oficina del exdirector para realizar el examen del Himno Nacional.
Núñez García, en un acto reprobable, cerró la oficina con llave y abusó sexualmente de la adolescente.
La denuncia, interpuesta por la víctima acompañada de un familiar, activó la pronta intervención de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ).
Gracias a una exhaustiva investigación, la Fiscalía logró comprobar los hechos y obtener la sentencia condenatoria, demostrando la efectividad del sistema judicial en la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
Vigilancia en centros educativos
Este caso subraya la constante vigilancia del Ministerio Público sobre las instituciones educativas y la sociedad en general, reafirmando el compromiso con la seguridad y el bienestar de los menores en cualquier entorno.
La violación y su pena según el Código Penal de Honduras
El Código Penal de Honduras, en su Artículo 249, aborda el delito de violación, definiéndolo como el acceso carnal no consentido.
Este artículo especifica que se considera no consentido cuando hay empleo de violencia, la víctima es menor de catorce años (incluso con su consentimiento), o se abusa de una situación de indefensión de la víctima.
Las penas para este delito oscilan entre nueve y trece años de prisión, además de la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de la pena de prisión.
La condena impuesta a Núñez García se alinea con la gravedad y las estipulaciones de esta legislación, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia a este tipo de crímenes en el país.