El Ministerio Público confirmó la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y del empresario Héctor Eduardo Méndez, en el marco de una operación conjunta ejecutada por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con la información oficial divulgada en redes sociales, ambos detenidos son señalados como presuntos responsables del delito de asesinato en perjuicio del líder ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López, quien fue ultimado el 14 de septiembre de 2024.
Como parte de las diligencias investigativas, las autoridades realizaron este martes un allanamiento en la Alcaldía de Tocoa, institución que fue dirigida en su momento por Fúnez. La intervención responde a una línea de investigación relacionada con presuntos actos de corrupción que habrían sido denunciados por el propio ambientalista semanas antes de su muerte.
Según los registros del caso, un día antes de ser asesinado, Juan López había solicitado públicamente la renuncia del entonces alcalde, lo que ahora forma parte de las indagaciones que maneja el Ministerio Público.
Las autoridades también informaron que existe un tercer implicado en el caso, cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación.
Fúnez, quien fue alcalde de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre), ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con el crimen. Sin embargo, el caso ya cuenta con una línea judicial que incluye a tres personas procesadas como autores materiales del homicidio.
De acuerdo con versiones de la Secretaría de Seguridad, el exalcalde figura entre los posibles autores intelectuales del asesinato, aunque este extremo deberá ser determinado por las autoridades judiciales.
Juan López, además de concejal municipal, era un reconocido defensor ambiental y beneficiario del Sistema Nacional de Protección, con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.
Su labor se centró en la defensa del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, así como en la oposición al proyecto minero Guapinol, el cual ha sido objeto de denuncias por organizaciones comunitarias y sectores religiosos por su impacto ambiental.
Mientras tanto, la empresa Inversiones Los Pinares ha rechazado señalamientos sobre irregularidades en la concesión minera, en medio de un caso que continúa generando debate nacional por sus implicaciones ambientales y políticas.
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