El Fiscal General interino, Johel Zelaya, destituyó a los altos cargos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) así como a los de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), se confirmó ayer.
Los cesanteados son el director y subdirectora de la ATIC, Ricardo Castro y Kenia Reconco, y el jefe de la FETCCOP, Antonio Morales.
De acuerdo con el comunicado del MP, dichos funcionarios fueron despedidos a consecuencia del requerimiento que presentó la Fiscalía en el circuito de juzgados anticorrupción contra “altos funcionarios de la administración anterior que se desempeñaron en la Secretaría de Salud y Finanzas, durante la pandemia de COVID-19, específicamente por la compra de hospitales móviles”.
Para las autoridades interinas del MP, el caso estuvo “sospechosamente guardado por mucho tiempo”.
Argumentaron que en esa “investigación se invirtieron importantes recursos de la institución y no se había concluido y estaba paralizado, lo que evitó la persecución penal en contra de los exfuncionarios”.
El ambiguo comunicado señala como causa para el despido de los titulares de la ATIC y
FETCCOP lo siguiente: “Por todo lo sucedido con las exfuncionarias y con el fin que haya mejores procesos de investigación y evitar errores, se determinó remover de sus cargos al director y subdirectora de la ATIC”, Ricardo Castro y Kenia Reconco, y “también al jefe de la FETCCOP”, Antonio Morales”.
El fiscal Zelaya -según el comunicado- señaló que “mi política de trabajo va orientada a impulsar sin delaciones y totalmente imparcial todos los casos que se encuentran en impunidad”.
Además, Zelaya instruyó a la Fiscalía para el enjuiciamiento de los servidores del sector Justicia e inicie de oficio investigaciones contra personal de algunas unidades y agencias dependientes del MP que permitieron la fuga de las exfuncionarias.
Finalmente, el Fiscal interino anuncia en el comunicado que “creó un equipo multidisciplinario (30 personas) de fiscales, investigadores, peritos financieros para fortalecer la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) que
permita agilizar los procesos investigativos que se encuentran paralizados.