San Salvador. La organización Cristosal denunciará al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por más de 200 casos de robo de identidad mediante la billetera gubernamental de bitcóin.
La organización, buscará “elevar una petición a la CIDH para que inicie un caso contra el Estado salvadoreño”.
Esto por “no proteger a los ciudadanos frente a una empresa que ha vulnerado la vida privada.
Además, indicó en un comunicado que “el silencio de la Sala de lo Constitucional vulnera además el derecho al acceso a justicia y evidencia la falta de un juez independiente”.
Acotó que son 228 “víctimas que confiaron su denuncia y brindaron su consentimiento a Cristosal para este proceso”.
Estos denunciantes forman parte de más de 700 salvadoreños cuyos datos personales habrían sido usurpados para registrarlos en la billetera de bitcóin del Gobierno.
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Dudas con la adopción del bitcoin
La Asamblea Legislativa le dio al Gobierno de Nayib Bukele más de 200 millones de dólares para la adopción del bitcóin desde el 7 de septiembre de 2021.
De estos fondos, se destinaron 150 millones de dólares a un fideicomiso para que lo administrara el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal).
Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad contra unas reformas a la Ley de Bandesal que “permiten la reserva de toda la información” los fondos públicos que maneja.
La falta de transparencia deja a la ciudadanía sin conocer a los beneficiados, las cantidades o las razones de los otorgamientos de fondos.
Desde que el órgano legislativo, a petición del presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley Bitcóin.
El Gobierno salvadoreño supuestamente compró 2.381 bitcoins por más de 100 millones de dólares.
La adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador, que se convirtió en la principal apuesta económica de Bukele.
Por lo que ya cumplió un año en septiembre sin que se hayan materializado la mayoría de expectativas generadas y con denuncias de opacidad. EFE