En el marco del caso Sedesol, los exdirectivos del Congreso Nacional, Luis Redondo y Carlos Zelaya, podrían ser llamados a rendir declaración testifical luego de que una de las defensas solicitara formalmente su comparecencia durante la audiencia inicial del proceso.
La petición tiene como objetivo que ambos expliquen el procedimiento legislativo utilizado para la aprobación del decreto relacionado con una ayuda social que actualmente es objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público (MP).
El abogado defensor Darwin García confirmó que la solicitud fue presentada como parte de la estrategia jurídica de una de las partes, orientada a esclarecer cómo se tramitó la normativa dentro del Poder Legislativo.
“El día de ayer una de las defensas peticionó que se requiriera al ciudadano Luis Redondo y al ciudadano Carlos Zelaya a fin de que se presentaran a rendir su declaración testifical”, declaró el profesional del derecho.
De acuerdo con García, la intención es que los exparlamentarios detallen cómo fue discutido, aprobado y tramitado el decreto en el Congreso Nacional.
“La pretensión de la defensa es que aclaren y expliquen qué procedimiento se siguió en el Congreso Nacional, cómo fue su aprobación y qué trámite se le dio, porque ese es objeto de cuestionamiento en el presente requerimiento fiscal”, añadió.
La defensa sostiene que el decreto para ayudas sociales se enmarcó dentro del principio de legalidad y que cumplió con los procedimientos formales establecidos en la normativa parlamentaria. En caso de que el juez admita la prueba testifical solicitada, ambos exfuncionarios estarían obligados a comparecer y brindar su versión de los hechos.
La audiencia inicial del caso Sedesol continuará con la intervención del Ministerio Público, que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de los medios de prueba presentados por las defensas.
Posteriormente, el juez resolverá cuáles testimonios cumplen con los requisitos legales. “El juez va a resolver qué prueba reúne la cuestión de admisibilidad, tal como lo establece la norma procesal penal”, explicó García.
La eventual comparecencia de Redondo y Zelaya podría influir en el desarrollo del proceso, al aportar elementos sobre el contexto político y administrativo en el que fue aprobado el decreto cuestionado. No obstante, será el órgano jurisdiccional el que determine la pertinencia y utilidad de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos.