Tegucigalpa, Honduras.– Las autoridades hondureñas preparan una estrategia interinstitucional para fortalecer la prevención de la violencia y detectar posibles vínculos de estudiantes con estructuras dedicadas a actividades delictivas en centros educativos públicos ubicados en sectores considerados vulnerables.
El director de la Dirección Policial Antiextorsión (DAE), Daniel Molina, informó sobre la conformación de una mesa técnica en la que participarán la Fiscalía de la Niñez y la Unidad de Prevención del Ministerio de Educación, con el propósito de coordinar acciones en los establecimientos donde se han identificado situaciones que podrían afectar la convivencia escolar.
Según explicó Molina, la intervención no responde a denuncias de extorsión dirigidas directamente contra docentes, sino a investigaciones que apuntan a la posible participación o vinculación de algunos estudiantes con actividades relacionadas con estructuras criminales.
El funcionario señaló que estas situaciones estarían generando dificultades dentro de determinados centros educativos, incluyendo problemas de convivencia y posibles casos de deserción escolar, por lo que las autoridades buscan actuar desde una perspectiva preventiva y de protección de la niñez y adolescencia.
La estrategia contempla la participación de la Policía Escolar, Policía Comunitaria, la Unidad de Prevención del Ministerio de Educación y la Fiscalía de la Niñez, con el objetivo de establecer mecanismos de intervención adecuados a cada caso.
La Policía Nacional ya desarrolla programas preventivos en centros educativos de distintas regiones del país. En julio, por ejemplo, la Policía Escolar y el programa GREAT han realizado jornadas de capacitación enfocadas en la prevención de la violencia, los riesgos asociados a maras y pandillas, el autocuidado y la promoción de una cultura de paz entre estudiantes.
De igual manera, en municipios como Talanga se han intensificado los patrullajes preventivos en los horarios de entrada y salida de estudiantes, así como los recorridos en los alrededores de escuelas y colegios, en coordinación con docentes, padres de familia y autoridades educativas.
Molina también hizo un llamado a la ciudadanía para que presente denuncias sustentadas con información verificable, al advertir que la circulación de versiones no confirmadas puede generar desinformación y preocupación entre las comunidades educativas.
En cuanto a los centros educativos privados, el titular de la DAE afirmó que, desde la perspectiva de esa institución, no se han constatado denuncias que permitan confirmar que existan cierres de colegios privados provocados directamente por la extorsión.
Sin embargo, esta afirmación contrasta con declaraciones recientes del presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), Carlos Sabillón, quien aseguró que al menos cinco centros privados —tres en Tegucigalpa y dos en San Pedro Sula— han dejado de operar debido, entre otros factores, a la extorsión. El dirigente también señaló que existen instituciones que han optado por trasladarse de zona para continuar funcionando.
El debate refleja la complejidad de la problemática de seguridad que enfrenta el sistema educativo hondureño. Además de la extorsión, las autoridades y organizaciones del sector han identificado otros factores que pueden afectar la permanencia de los estudiantes y la continuidad de los centros educativos.
Ante este escenario, las instituciones involucradas buscan fortalecer los mecanismos de prevención y protección de la niñez, priorizando la coordinación entre las autoridades de seguridad, el Ministerio Público y el sistema educativo.
La Policía Nacional ha reiterado que continuará desarrollando acciones de prevención y proximidad en las comunidades educativas, mientras las autoridades trabajan en la identificación de factores de riesgo que puedan facilitar la violencia o la incorporación de menores a estructuras delictivas.