No se puede adjetivar lo que en el pasado inmediato ha ocurrido con una serie de omisiones con visos de incompetencia, complicidad u otra cuestión semejante para que el Estado de Honduras sea demandado y que estas causas sean perdidas y que deba pagarse sumas multimillonarias, y siendo esos recursos sacados del bolsillo de pueblo hondureño.
Vemos con absoluta impavidez de cómo una sentencia decretada por la institucionalidad hondureña (de la que tanto se dice que se debe fortalecer, en especial en los discursos de los funcionarios públicos) como la Corte Suprema de Justicia y que el señor procurador entre en desacato ante esa sentencia. Entendemos que hay instancias a las que se puede recurrir para denunciar, si acaso se deba defender los recursos del pueblo, lo cual vemos muy bien, pero si lo hace por esa vía del pataleo arrecho y caprichoso, simplemente puede entenderse eso tal como se ve y aplicar alguna figura legal y que esa demanda sea de mayor cuantía.
En una resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia, el Estado de Honduras fue sentenciado a pagar L2,600 millones a la empresa estadounidense DRC Inc., y, al parecer, esta empresa fue requerida para reconstruir el país después del huracán Mitch y se involucró a otra empresa constructora hondureña que, según se explica, no era parte del proceso inicial. Si de enredos hablamos, como que por ahí va ese asunto, peo si de demandas, creemos que para esos están las instituciones. Se nos ha explicado –y allí lo grave del asunto- que las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia son inapelables. Y de allí a hacer un berrinche (y no es que estamos diciendo que se pague esa demanda, sino que se recurra a alguna instancia superior, que, seguramente ha de existir) como se defienden los recursos del Estado, si acaso la para eso está y se nos dice que somos un país donde esta se respeta y si acaso se pudiera evadir con la ley esa responsabilidad sería lo ideal, ya que son recursos necesarios para comprar medicamentos, pagar maestros, y demás.
Caso muy parecido es el que se ventila en arbitraje de la Zede Próspera que ya dio sus pasos en demandar al Estado de Honduras por casi 11 mil millones de dólares, prácticamente la mitad del Producto Interna Bruto (PIB) anual y vaya que sí nos cuesta generar esos recursos y, pero ahora cuando aparentemente al Gobierno no le interesa resolver asuntos que ahuyentan la inversión como la invasión de tierras y la inseguridad ciudadana al no hacer nada con el encendido de las cámaras del 911, nos encontramos entre la espada y la pared, algo así como vencidos ante esas causas.
No es con berrinches, es con la ley, está muy bien que defiendan nuestros recursos, pero háganlo bien, de otro modo puede fácilmente venir demanda sobre demanda y allí sí podríamos caer en lo que los economistas llaman “default”, o disfunción total. Peligrosísimo eso.