El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, anunció que solicitará a la Secretaría de Finanzas un incremento de 500 millones de lempiras al presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2027.
El presupuesto prorrogado del Poder Judicial para 2026 asciende a L4,396.4 millones, por lo que la solicitud elevaría los recursos a unos L4,896.4 millones.
Vallecillo explicó que el aumento permitirá cubrir el incremento salarial de funcionarios y servidores judiciales, además de financiar proyectos como la apertura de nuevos circuitos judiciales.
El titular de la CSJ señaló que los distintos sectores vinculados al sistema de justicia necesitan mayores recursos para combatir de manera efectiva las actividades ilícitas y mejorar la atención a la población.
Las declaraciones las brindó durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional y de la Supervisión General del Poder Judicial.
Vallecillo aseguró que las salas desarrollan diariamente su labor jurisdiccional y administrativa, por lo que los servidores judiciales necesitan condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones.
Además, anunció que recorrerá el país para verificar las condiciones de los tribunales, juzgados de letras y cortes de apelaciones, con el objetivo de identificar necesidades y mejorar sus instalaciones.
También adelantó que pretende inaugurar un nuevo centro de justicia laboral y contencioso administrativo para fortalecer el servicio que brinda el Poder Judicial.
Vallecillo responde sobre expediente de Romeo Vásquez
Al ser consultado sobre por qué no se conoció la semana anterior el expediente relacionado con el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, Vallecillo explicó que varios magistrados se encontraban fuera del país y que no se logró reunir el quórum necesario.
En cuanto a los embargos judiciales, afirmó que todos los jueces deben acatar las disposiciones legales vigentes y sostuvo que no existe justificación para incumplirlas.
Finalmente, señaló que cualquier irregularidad ocurrida en el pasado debe ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes y que, de determinarse responsabilidades, estas deben ser deducidas conforme a la ley.