La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, reconoció este martes que la Sala de lo Laboral enfrenta una alta mora judicial, situación que, según afirmó, se ha convertido en una de las principales preocupaciones durante su gestión al frente del Poder Judicial.
Ráquel Obando ofreció sus declaraciones durante una visita a San Pedro Sula, donde sostuvo reuniones con jueces y magistrados de la ciudad industrial.
“Hay mora específicamente en lo laboral; desde que llegamos a la Corte Suprema de Justicia este tema ha tomado mucho interés”, expresó ante medios de comunicación.
La titular del Poder Judicial reveló que se han nombrado siete jueces adicionales en los Juzgados de lo Laboral; sin embargo, admitió que la carga procesal supera ampliamente la capacidad instalada. Incluso, lamentó que ni con más personal ni con jornadas continuas se lograría reducir significativamente el atraso judicial.
A esta situación se suma la crisis presupuestaria que atraviesa el Poder Judicial. Ráquel Obando denunció que la Secretaría de Finanzas mantiene pendientes transferencias por 1,250 millones de lempiras, lo que ha impedido la contratación de más personal y la mejora de las instalaciones judiciales.
Indicó que el edificio judicial se encuentra saturado, obligando a alquilar sedes adicionales en lugar de invertir en infraestructura propia.
Consultada sobre el reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, que ubicó nuevamente a Honduras entre los países peor evaluados, la magistrada sostuvo que los casos de corrupción que han ingresado al Poder Judicial durante su administración son mínimos.
“De acuerdo a lo que nos ha ingresado, son poquísimos casos”, afirmó, y aseguró no temer a un eventual juicio político, alegando que ha actuado con transparencia.
En relación con el embargo a la Alcaldía de El Corpus por más de 63 millones de lempiras debido a una demanda laboral, Ráquel Obando explicó que se trató de un acuerdo de conciliación entre las partes. No obstante, expresó preocupación por la rapidez del proceso, señalando que la demanda fue admitida el 26 de diciembre y el acuerdo se alcanzó el 5 de enero.
La presidenta de la CSJ aclaró que el caso no fue conocido por los juzgados de Choluteca y advirtió que este tipo de situaciones se está replicando en otras instituciones estatales, generando perjuicios a las finanzas públicas.
“El acuerdo está extralimitado; puede existir un derecho, pero no en la cantidad que se ejecutó el embargo”, sostuvo.
Ante ello, informó que instruyó a la Supervisión General del Poder Judicial para que investigue de inmediato el caso y, de encontrarse indicios de dolo, remita el expediente al Ministerio Público.
Finalmente, al referirse al tema de las extradiciones, Ráquel Obando indicó que actualmente no existen solicitudes contra figuras políticas y aseguró que el proceso ha funcionado adecuadamente. No obstante, manifestó que como presidenta del sistema judicial preferiría que los delitos de narcotráfico sean juzgados en Honduras y no en el extranjero.