Tegucigalpa, Honduras. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designará a un juez natural para analizar la solicitud presentada por la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), que busca retirar la alerta migratoria que permanece vigente desde abril de 2022.
La información fue confirmada este viernes por Melvin Duarte, director de Comunicaciones del Poder Judicial, quien explicó que la restricción deberá ser revisada por una autoridad judicial antes de que pueda emitirse una resolución sobre su eventual eliminación.
Según Duarte, la alerta se originó cuando Hernández fue detenido en Honduras en cumplimiento de una orden de captura vinculada con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Desde entonces, la medida permanece registrada y su retiro requiere una decisión judicial expresa.
La petición de la defensa busca que se deje sin efecto esa restricción, aunque la designación del juez no implica que la solicitud haya sido aceptada ni que la alerta migratoria haya sido eliminada.
Juez también conocerá expediente por presunta corrupción
En paralelo, el pleno de magistrados de la CSJ realizará una segunda designación para que otro juez natural conozca un expediente investigado por el Ministerio Público en un caso relacionado con presuntos actos de corrupción vinculados con el exmandatario.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han detallado públicamente los alcances específicos de esa investigación ni las actuaciones que deberá resolver el funcionario judicial designado.
La asignación de ambos expedientes busca dar continuidad a los procedimientos pendientes y permitir que las autoridades competentes analicen las solicitudes y actuaciones conforme a la legislación hondureña.
Expedientes podrían avanzar la próxima semana
De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, los jueces designados podrían comenzar a conocer los casos durante la próxima semana, una vez que se completen los procedimientos correspondientes.
El proceso será determinante para establecer si existen fundamentos jurídicos para modificar la situación de la alerta migratoria y para conocer el desarrollo del expediente de corrupción.
Por ahora, la restricción migratoria continúa vigente y no existe una resolución definitiva que ordene su retiro. Del mismo modo, la designación del juez que conocerá la investigación por presunta corrupción no constituye una determinación de responsabilidad penal.
La evolución de ambos procesos dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales una vez que examinen los expedientes y los argumentos presentados por las partes.