San Pedro Sula. El futuro político de Rodolfo Padilla Sunseri está en manos del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá resolver si su inhabilitación para ejercer cargos públicos es revocada, permitiéndole competir en las elecciones municipales de marzo de 2025.
La decisión se produce tras la admisión de un recurso de revisión presentado por su defensa ante la Sala de lo Constitucional.
Lo anterior, con el objetivo de suspender la ejecución de la pena que lo dejó fuera de la contienda electoral.
Un fallo aún en suspenso
El director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Sala de lo Constitucional admitió el recurso por mayoría.
Lo que significa que el caso pasará ahora al pleno de magistrados de la CSJ.
“La admisión del recurso no implica la suspensión inmediata de la inhabilitación, por lo que Padilla Sunseri sigue en la misma situación política hasta que se resuelva en definitiva”, explicó Duarte.
Defensa alega persecución política
El exalcalde sampedrano y su equipo legal sostienen que la sentencia en su contra es inconstitucional y forma parte de una persecución política orquestada por la administración judicial anterior.
«Es evidente que la CSJ, a través de la Sala de lo Constitucional, debe corregir esta injusticia y eliminar la inhabilitación politizada que se le impuso», manifestó su abogado, René Altamirano.
Padilla Sunseri recibió una condena en 2017 por abuso de autoridad, aunque en 2022 la Corte reclasificó el delito como prevaricato administrativo, lo que lo dejó inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Su defensa argumenta que se debe aplicar el principio de retroactividad de la ley más favorable.
Asimismo, que su caso está amparado bajo el Decreto de Amnistía 04-2022, el cual ha beneficiado a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya.
Una decisión clave para su candidatura
Rodolfo Padilla Sunseri, quien gobernó la ciudad entre 2006 y 2010, enfrento señalamientos por abuso de autoridad y malversación de fondos durante su gestión, lo que derivó en una orden de captura en 2017.
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Sin embargo, en 2024, la aplicación del decreto de amnistía permitió la anulación de esa orden.
Ahora, la CSJ tendrá la última palabra sobre su habilitación para participar en las elecciones municipales del 9 de marzo de 2025.