Redacción. La tensión continúa escalando en el condado de Los Ángeles, donde este lunes se confirmó el despliegue de unos 700 infantes de marina que se unirán a los más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional que ya patrullan la zona.
La medida responde al aumento de protestas tras las recientes redadas migratorias que han encendido la indignación entre comunidades y defensores de derechos humanos.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el Comando Norte activó un batallón de Infantería de Marina que había sido puesto en alerta durante el fin de semana.
En un comunicado oficial, el Pentágono señaló que estos marines se integrarán a las fuerzas de la Guardia Nacional para “proteger al personal y la propiedad federal” en el área metropolitana de Los Ángeles.
La decisión fue ordenada por el presidente Donald Trump, quien desde el domingo autorizó el envío de 2,000 soldados de la Guardia Nacional de California.
Según el mandatario, esta acción busca mantener el orden frente a manifestaciones que, asegura, ya han sido controladas pero que aún representan una amenaza para la seguridad pública.
“El despliegue de marines busca asegurar una cobertura continua del operativo”, indica el comunicado del Pentágono. La intervención militar, sin embargo, ha generado una fuerte reacción entre autoridades estatales.
El gobierno de California presentó este mismo lunes una demanda contra el presidente Trump, calificando de “ilegal” el uso de la Guardia Nacional para controlar protestas ciudadanas.
intervención desproporcionada
La administración estatal, liderada por el gobernador Gavin Newsom, considera que se trata de una intervención desproporcionada y violatoria de los derechos constitucionales.
Además, desde la Casa Blanca se han lanzado amenazas directas contra líderes locales.
Funcionarios han advertido sobre posibles arrestos tanto para Newsom como para la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a quienes acusan de no actuar con la suficiente firmeza para sofocar las manifestaciones.
Las protestas, que estallaron el viernes tras una serie de redadas migratorias en comunidades latinas, se han mantenido activas con concentraciones en calles, plazas y frente a edificios federales.
Organizaciones civiles denuncian un uso excesivo de la fuerza y una criminalización de la protesta social.
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A pesar de que el presidente Trump declaró este lunes que “la situación está bajo control”, la creciente presencia militar ha generado preocupación sobre una posible escalada del conflicto y sobre la libertad de expresión en medio de un ambiente ya polarizado.
Se espera que en los próximos días se realicen nuevas movilizaciones en rechazo a las redadas y al despliegue militar, mientras organizaciones de derechos humanos evalúan presentar acciones legales adicionales.