San José. Costa Rica cerró el 2023 con la cifra histórica de 907 homicidios, lo que representa un incremento del 38,6 % en comparación con los 654 registrados en el mismo periodo de 2022, informó este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En un reporte oficial, el OIJ, destacó que el país tuvo una estabilidad durante los años 2015 al 2021 con un promedio de 577.
Con una tasa cercana a 11 por cada 100.000 habitantes, pero a partir del 2022 se da un aumento significativo en la cantidad de homicidios registrados en el país.
El director el organismo, Randall Zúñiga, indicó en conferencia de prensa que la “tasa por cada 100.000 habitantes en el 2022 fue de 12,5 mientras que en el 2023 llegó a 17,2”.
“El mayor aumento de homicidios se dio en los últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre. San José es la provincia con más homicidios con un total 220, un 86 % más en comparación al 2022, seguidamente se encuentra la provincia de Limón con 214 casos, un 45 % más”, explicó Zúñiga.
Las autoridades atribuyen los asesinatos, en su mayoría, a las disputas entre bandas narcotraficantes.
Esto se ve reflejado con la cantidad de homicidios por ajuste de cuentas o venganza que representó un 634 casos, para un crecimiento del 70 % en comparación al 2022.
El OIJ espera que para este 2024 la cantidad de homicidios baje en unos 100 o 200 casos.
Un 80,3 % de los asesinatos fueron realizados con arma de fuego, 10,2 % con arma blanca y un 9,3 % de otra forma.
Según el informe la mayoría de esos homicidios (81,1 %) fueron ejecutados por atacantes en una motocicleta.
Cambios estructurales y legales
Zúñiga destacó que el país está viviendo este nivel de violencia debido al contexto social, por lo que se debe trabajar en cambios estructurales.
Desde una mejora de la educación, acceso a puestos de trabajo, así como invertir en seguridad e investigación, además de la necesidad de construcción de centros penales.
“Hay un tema estructural que está generando los homicidios y es la educación. Cada vez menos jóvenes se mantienen en los centros educativos y no terminan los estudios. Son jóvenes que no van a poder insertarse en la fuerza laboral y están en la edad productiva”, dijo el director.
Al no tener estudios, agregó, “no tienen trabajos formales y van a ser tentados para trabajar como miembros de grupos organizados con puestos simples”, puntualizó Zúñiga.
El experto también dijo que hay un marco legal que se debe trabajar en Costa Rica, como la ejecución de la pena, los cambios en las prisión preventiva , así como penas más altas cuando hay delitos contra la policía.
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“No existe una fórmula mágica ni un solo ingrediente para bajar estos homicidios, es la suma de todo esto”, sentenció Zúñiga. EFE