La Corte Suprema de Estados Unidos revisará la constitucionalidad de la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que busca restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas que se encuentran en el país de manera irregular o temporal.
La decisión de los magistrados, prevista para comienzos del verano, podría redefinir un principio vigente desde hace más de un siglo, informó The Associated Press.
El tribunal aceptó revisar la apelación de la administración Trump contra un fallo federal que bloqueó la orden, firmada el 20 de enero, como parte central de su ofensiva migratoria, que también incluye redadas, uso ampliado de autoridades migratorias y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto del siglo XVIII.
La orden sobre ciudadanía se suma a múltiples litigios que enfrentan al gobierno con tribunales federales.
En decisiones recientes de emergencia, la Corte ha tenido resultados mixtos: frenó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones expeditas de presuntos pandilleros venezolanos, pero permitió reanudar detenciones migratorias masivas en Los Ángeles.
Además, la Corte estudia si permitirá el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, bloqueado por una corte inferior, convirtiendo la disputa sobre la ciudadanía por nacimiento en la primera política migratoria de Trump que podría recibir sentencia definitiva en la Corte Suprema.
Desde finales del siglo XIX, la interpretación predominante de la Decimocuarta Enmienda establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, salvo excepciones para hijos de diplomáticos o fuerzas de ocupación extranjeras.
Sin embargo, los tribunales inferiores han concluido que la orden ejecutiva viola o probablemente viola esa enmienda.
La administración Trump sostiene que los hijos de extranjeros indocumentados o en estadía temporal no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por lo tanto, no califican para la ciudadanía automática.
La propuesta cuenta con respaldo de 24 estados gobernados por republicanos y de legisladores como Ted Cruz y Lindsey Graham.
El caso principal proviene de New Hampshire, donde un juez federal bloqueó la orden en julio tras una demanda colectiva presentada por menores afectados y sus familias. La ACLU celebra que el caso llegue a revisión final.
“Ningún presidente puede alterar la promesa fundamental de la Decimocuarta Enmienda”, señaló Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la organización, que espera que el tribunal resuelva el debate “de una vez por todas”.
La administración también solicitó revisar un fallo del Noveno Circuito, en San Francisco, que involucra a varios estados de mayoría demócrata que buscan una orden judicial nacional para evitar aplicaciones diferenciadas de la ciudadanía por nacimiento.