La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes al Estado de Honduras por las detenciones arbitrarias e ilegales de la mujer trans Leonela Zelaya y por las graves deficiencias en la investigación de su muerte ocurrida en 2004.
En su sentencia, el tribunal determinó que Honduras es responsable por tres detenciones ilegales realizadas ese año, basadas en una normativa ambigua que otorgaba amplia discrecionalidad a las autoridades, así como por desconocer la identidad y expresión de género de la víctima durante las actuaciones estatales.
La Corte concluyó que, durante dichas detenciones, se vulneraron múltiples derechos fundamentales de Zelaya, entre ellos el derecho a la libertad personal, a la igualdad, a la vida privada, al nombre y a la no discriminación, al no respetarse su identidad de género.
El fallo también señala serias fallas en la investigación del crimen, como la incorrecta identificación de la víctima, la falta de resguardo de la escena, la omisión de testimonios clave y la ausencia de un análisis sobre si el asesinato estuvo vinculado a la violencia contra mujeres trans.
Aunque el tribunal indicó que no cuenta con elementos suficientes para responsabilizar al Estado por la muerte, sí estableció responsabilidad por la falta de debida diligencia.
Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado hondureño reabrir el caso, impulsar la investigación y sanción de los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y reformar la Ley de Policía y Convivencia Social para establecer claramente las condiciones que permiten la privación de libertad.