San Pedro Sula. La propuesta de establecer un centro penal en la Isla del Cisne, en el Caribe, sería costosa para las arcas del erario nacional y no es más que una “terquedad” y “mero capricho” de quienes quieren construirla.
Así lo calificó una autoridad en esta materia: el arquitecto Óscar René Hernández, uno de los diseñadores de la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, Francisco Morazán.
El proyecto comienza a ser cuestionado porque no ha sido adecuadamente socializado y las máximas autoridades ya dan como un hecho que comenzará el próximo mes de febrero. El Gobierno ha afirmado que el proyecto tendría la capacidad de albergar a unos 2,000 reclusos de alta peligrosidad.
Hernández dio estas declaraciones luego del reiterativo anuncio de la presidente Xiomara Castro, esta vez en la instalación de la tercera legislatura en el Congreso, donde destacó que el establecimiento de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne se considera un proyecto de “seguridad nacional”.
El diseñador del principal centro penitenciario del país comentó que un problema del sistema carcelario del país es el déficit de espacio físico en la mayoría de los presidios, con una sobrepoblación que alcanza hasta el 145 % y en algunos casos incluso el 300 %.
“Si no podemos controlar adecuadamente los centros penales en tierra firme, ¿cómo vamos a manejar una situación de amotinamiento a 250 kilómetros de la costa, considerando el tiempo de reacción?” planteó el experto.
Costos
Hernández ilustró que, en tierra firme, el costo promedio de construcción en el país es de alrededor de L15 mil por metro cuadrado, mientras que en la isla de Roatán el costo puede oscilar entre L30 a L45 mil.
Tras esta comparación, el arquitecto estima que el proyecto no se ha socializado adecuadamente y ya se da por sentado que comenzará el próximo febrero de 2024.
“El Gobierno ha afirmado que el proyecto tendría la capacidad de albergar a unos 2,000 reclusos de alta peligrosidad, con una estimación de inversión por cada interno en términos de costo de construcción de al menos un millón de lempiras, sin mencionar los costos operativos”, agregó.
El arquitecto señala que una mega cárcel sería más viable en tierra firme, por lo que considera que “no es factible” realizarlo en la isla, además de las implicaciones ecológicas que tendría en la zona.
“Hay suficientes espacios y lugares adecuados para hacerlo, hay muchas áreas por desarrollarse, incluso los penales deberían ser autosustentables. Se puede crear una agroindustria en ellos”, externó.
Alzan la voz
El presidente de la Asociación Miskita Afrodescendiente e Indígena, Modesto Morales, denunció ayer que ya se hizo del conocimiento de la comunidad internacional sobre “la amenaza y el abuso” que las autoridades podrían cometer con el proyecto de construcción de una cárcel en la Isla del Cisne.
El líder advirtió que, a pesar de los convenios internacionales, las autoridades no están dispuestas a escuchar al pueblo sobre un proyecto que pondría en peligro un patrimonio de reserva natural en el Caribe hondureño.
Morales destacó que se trata de un plan de manejo que se está llevando a cabo sin consulta previa, lo cual podría llevarlos a emprender acciones legales.
Refirió que los pueblos indígenas también merecen que los consideren dentro de esa seguridad nacional de la que se refiere la mandataria Castro.
La cárcel
Hasta ahora, la licitación para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne sigue siendo promocionada en los discursos oficiales mientras su ejecución cambia de fechas a la espera de los resultados de los estudios de campo por parte de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) que se ha inclinado por la iniciativa gubernamental.
La Serna, además, debe emitir la licencia ambiental y posteriormente, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) deberá elaborar las bases para la licitación.
La Secretaría de Defensa había anunciado que la licitación se lanzaría a finales del año pasado, luego para enero, y ahora ya ni se anuncian fechas.
“Todavía se están realizado las visitas de campo por parte de las inspecciones ambientales que se deben realizar”, dijo el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Zelaya dijo que Serna no ha terminado de hacer su trabajo, por lo que la licitación podría darse luego del primer trimestre del 2024.
“Defendemos nuestras raíces, el medio ambiente; esta es una lucha en la que debemos aferrarnos a nuestras creencias porque será muy difícil, pero llegaremos hasta donde sea necesario para defender este territorio que tanto nos ha costado”.
Modesto Morales, presidente de la Asociación Miskita Afrodescendiente e Indígena.