Tegucigalpa. El coronel Ramiro Muñoz, director de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) supervisará la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, con inicio programado para febrero y la meta de completarla como regalo de Navidad el 20 de diciembre del 2024.
Muñoz, dice que la institución se encargará de liderar el proceso administrativo y de contratación de la empresa que resulte ganadora.
Además, declaró que la capacidad prevista del nuevo centro penitenciario será de “dos mil personas”.
“Hoy reiteré que el proceso para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Islas del Cisne avanza bajo los lineamientos de la PMOP y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), y que ésta podría iniciar en febrero para que esté lista este 2024”, posteó el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Zelaya aseguró que pronto estarán recibiendo ofertas de empresas interesadas en construir la cárcel de máxima seguridad.
Misma, que se ubicará en medio del Caribe, sobre la Isla del Cisne.
Proyecto de construcción
La construcción de la cárcel en la Isla del Cisne, se delegó a las Fuerzas Armadas de Honduras mediante concurso de contratación directa en junio de 2023.
Zelaya agregó que “la PMOP, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), y la Secretaría de Recursos Naturales ya han realizado varios viajes a la Isla del Cisne”.
Indicó que el personal de las tres entidades ha visitado el sitio donde se construirá la megacárcel.
Esto con el fin de “recoger licencias y todas las exigencias ambientales y permisos de operación que las empresas interesadas deben presentar”.
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La presidenta Xiomara Castro ha reiterado que la ejecución del controvertido proyecto está en marcha.
Asimismo, advirtió que la “Alcatraz hondureña” se utilizará para recluir a “reconocidos delincuentes”.
Se estima que se destinarán unos $80 millones (unos L2 mil millones) para las obras de infraestructura de la cárcel.
No obstante, las previsiones más optimistas sugieren que el penal no estaría listo en menos de cuatro años.
Sin embargo, ambientalistas y defensores de Derechos Humanos se oponen al proyecto porque consideran que será un gran daño ambiental.