El Congreso Nacional de Honduras retomará sus sesiones este martes con una agenda que incluye la discusión de cuatro solicitudes de juicio político contra igual número de altos funcionarios públicos, según anunció la diputada del Partido Liberal, Sarahí Espinal.
La congresista explicó que su bancada será la encargada de presentar las iniciativas que apuntan a la eventual interpelación de un representante propietario y uno suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como de un consejero propietario y otro suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque no mencionó nombres de forma directa, las acciones legislativas estarían dirigidas contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, señalado por sectores del oficialismo de presuntamente obstaculizar el proceso electoral general del 30 de noviembre del año pasado.
Junto a él, también se perfila la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez, quien sería incluida en las mismas acusaciones.
De igual manera, el proceso alcanzaría al magistrado del TJE, Mario Morazán, y a su suplente Lourdes Maribel Mejía Estapé, ambos vinculados políticamente al partido LIBRE, y a quienes se les atribuyen señalamientos relacionados con presuntas acciones que habrían afectado el desarrollo del proceso electoral anterior.
Hasta el momento, ninguno de los señalados ha emitido una postura oficial sobre las intenciones de someterlos a juicio político.
Sin embargo, Ochoa ya había reaccionado previamente en redes sociales, donde rechazó versiones que lo situaban en condición de ausencia durante el periodo de Semana Santa, asegurando que se encontraba en reflexión.
Espinal indicó que estas acciones serán promovidas por el Partido Liberal, mientras que, por separado, el Partido Nacional también estaría preparando denuncias contra aproximadamente diez personas, aunque no se han revelado detalles sobre esos posibles señalados.
La legisladora recordó que para aprobar un juicio político y eventualmente concretar una destitución se requieren al menos 86 votos en el pleno del Congreso Nacional, cifra que considera determinante para el avance de estos procesos.
Asimismo, señaló que, por ahora, no existen los consensos suficientes para asegurar su aprobación, y enfatizó que en ocasiones anteriores algunos procesos no prosperaron por falta de apoyo político, lo que obligó a priorizar otros casos con mayor respaldo.
Espinal también se refirió a las críticas de sectores que acusan al oficialismo de buscar concentración de poder, señalando que situaciones similares han ocurrido en administraciones anteriores. No obstante, reconoció que estas percepciones forman parte del debate político actual en el país.
Finalmente, la diputada subrayó que la agenda legislativa también contempla temas prioritarios como la aprobación del Presupuesto General de la República, el cual requiere atención inmediata antes de avanzar en procesos de esta naturaleza.