Tegucigalpa. Unas 193 denuncias contra miembros de los cuerpos policiales y militares atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el marco del Estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre del 2022, informó este miércoles la titular del ente estatal, Blanca Izaguirre.
Detalló que, alrededor de 111 quejas fueron interpuestas contra miembros de la Policía Nacional.
En las que, involucran como responsables, a los agentes del Orden Público, cuya dependencia no fue posible individualizar por parte de la persona denunciante.
El organismo defensor de derechos humanos, también registró 60 denuncias que fueron interpuestas contra la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
Además de 22 denuncias contra la Policía Militar del Orden Público.
Los abusos cometidos por los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado tuvieron como escenario y quedaron registrados en 17 departamentos del país.
En Francisco Morazán, el Conadeh atendió 51 quejas, Cortés (24), Valle (19), Atlántida (16), El Paraíso (15), Choluteca (13), Yoro (9), Comayagua (8), Lempira (8), Santa Bárbara (7), Olancho (7), Copán (6), Intibucá (3), Gracias a Dios (2), Colón (1) e Islas de la Bahía (1).
Izaguirre explicó que algunas de las quejas interpuestas son por uso desproporcionado de la fuerza al momento de la aprehensión y detención de las personas.
Justifican sus abusos
Los miembros de los cuerpos de seguridad justifican la comisión de sus abusos en contra de la población.
Quienes colocan como argumento que actúan con base a lo establecido en los PCM aprobados, hasta ahora, por el Gobierno.
Preocupa al Conadeh que algunos de los peticionarios se han quejado por la afectación a la integridad personal.
Ya que con aparente intención de obtener información, los miembros de los cuerpos policiales y militares amparan su comportamiento.
Otros casos
En otros casos, las personas también se quejaron porque en los allanamientos son objeto de intimidación y amenazas por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad.
De igual forma, muchas personas denunciaron que son objeto de vigilancia, por parte de los agentes policiales, que permanecen afuera de su casa.
Además, que, para intimidar y atemorizar a la población, los miembros del orden realizan disparos dentro o fuera de la vivienda o establecimiento.
Estado de excepción
El 3 de diciembre del 2022, el gobierno hondureño adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022.
Por medio del cual se determinó la suspensión de varias garantías constitucionales y se instituyó un Estado de excepción.
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Mismo que se extendió territorialmente a 73 barrios y colonias en el municipio del Valle de Sula y 89 barrios y colonias en el Municipio del Distrito Central.