Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), denunció ese jueves que su trabajo en la intervención de los centro penales, está siendo obstaculizada por las autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
El personal del CONADEH asignado a los centros penitenciarios para dar seguimiento a las quejas respecto a la problemática en los centros penitenciarios del país, señalaron que el acceso a las instalaciones carcelarias se les ha denegado.
Situación que, según CONADEH, constituye un grave obstáculo en la labor de investigación.
Asimismo, en el “ejercicio de las funciones conferidas constitucionalmente a esta Institución Nacional de Derechos Humanos”, manifestó.
“El artículo 7 de la Ley Orgánica del CONADEH ordena que, en el cumplimiento de sus funciones, tienen libre acceso a todas las dependencias civiles y militares y centros de detención, reclusión o internamiento sin que pueda oponérsele objeción alguna”, agregaron en su comunicado.
Al mismo tiempo, instaron a las autoridades que ahora están al frente de las instalaciones penitenciarias para que no interrumpan el trabajo de los colabores.
El personal del CONADEH “cumplen con su mandato constitucional en la defensa de los derechos humanos”, finalizaron.
Intervención de cárceles se hace respetando derechos
La intervención de las cárceles de Honduras que el lunes inició la Policía Militar de Orden Público (PMOP) se está haciendo con respeto a los derechos humanos de los reclusos, dijo este martes el director la institución, coronel Fernando Muñoz.
Ante opiniones de algunos sectores se estarían violentando derechos de los privados de libertad en Honduras.
Asimismo, que la operación es una copia de lo que se está haciendo en El Salvador con los pandilleros presos,
Sin embargo, Muñoz indicó que todo se está haciendo con “procedimientos normales”.
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Añadió que en la operación denominada “Fe y Esperanza” no se pueden hacer comparaciones con las medidas aplicadas en El Salvador.
Por lo que, le pidió a los defensores de derechos humanos que “dejen trabajar” a la PMOP.