Tegucigalpa, Honduras.– El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) solicitó una investigación inmediata ante las denuncias de supuestas presiones políticas e injerencias en el proceso judicial que involucra al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández.
La organización gremial expresó su preocupación luego de que las asociaciones de derechos humanos ASOPODEHU y JOPRODEHU alertaran sobre una presunta interferencia en la administración de justicia, señalando posibles presiones para modificar el desarrollo del proceso penal.
El CPH advirtió que, de comprobarse estos señalamientos, se estaría frente a una situación que podría afectar la independencia judicial, el debido proceso y la vigencia del Estado de derecho en Honduras.
Según el pronunciamiento del colegio profesional, las denuncias apuntan a una posible presión contra el juez encargado del caso, quien habría sido objeto de intimidaciones para alterar el curso de las actuaciones judiciales. Ante ello, exigieron al Ministerio Público realizar una investigación objetiva, independiente y transparente.
“Cualquier intento de influir en las decisiones de un juez mediante amenazas, presiones o intimidaciones constituye una grave afectación al sistema de justicia”, señaló el CPH, al reiterar que los procesos judiciales deben resolverse únicamente con base en la Constitución, las leyes y las pruebas presentadas.
ASOPODEHU y JOPRODEHU también pidieron a la Corte Suprema de Justicia garantizar la independencia de los operadores judiciales y proteger tanto al juez como a las personas que presentaron las denuncias.
Además, hicieron un llamado a organismos internacionales, misiones diplomáticas y entidades defensoras de derechos humanos para mantener observación sobre el caso y verificar que el proceso avance bajo estándares de transparencia y respeto al debido proceso.
Hasta ahora, las organizaciones han solicitado el esclarecimiento de los hechos, mientras sectores de la sociedad civil mantienen la atención sobre el desarrollo del proceso y las garantías institucionales que deben prevalecer en la administración de justicia.