La Casa Blanca volvió a defender la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández al afirmar que su condena por narcotráfico en Estados Unidos se basó en procedimientos irregulares, sustentados mayormente en declaraciones de “delincuentes confesos”, y no en pruebas independientes.
En una rueda de prensa el 1 de diciembre de 2025, la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, calificó el juicio contra Hernández como un ejemplo de “sobreenjuiciamiento” llevado a cabo por la administración de Joe Biden.
Según la Casa Blanca, muchos de los testigos del caso eran narcotraficantes confessos que esperaban reducir sus penas a cambio de declaraciones, y aseguró que el abogado defensor de Hernández contó con apenas tres semanas para preparar su defensa en un proceso de alta complejidad.
El caso de Juan Orlando Hernández generó fuerte polémica desde su condena en marzo de 2024: un tribunal federal de Manhattan lo encontró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y otros cargos relacionados con armas.
Para la Casa Blanca, sin embargo, esos cargos y la sentencia de 45 años de prisión formaban parte de una campaña judicial influenciada políticamente: “fue una trampa tendida por la administración Biden”, acusaron.
Tras estas afirmaciones, el exmandatario fue indultado por el entonces presidente Donald Trump, desatando nuevas críticas y debates sobre la credibilidad del sistema de justicia internacional y su uso en contextos políticos, además de abrir dudas sobre la vigencia real del combate al narcotráfico en la región.