El Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunció cambios en los controles de seguridad de los centros carcelarios del país, entre ellos la prisión de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara, donde también se realizará un cambio de mando.
El director de la institución, general Walter Amador Lacayo, informó que las nuevas disposiciones buscan impedir el ingreso de objetos prohibidos y evitar que empleados penitenciarios colaboren con estructuras criminales.
El funcionario advirtió que cualquier trabajador involucrado en estas irregularidades será sometido a investigaciones y podría enfrentar sanciones disciplinarias y procesos penales, dependiendo de su participación.
Como parte de las medidas, Amador señaló que las autoridades también reforzarán la vigilancia sobre los privados de libertad pertenecientes a maras y pandillas, independientemente de que estén clasificados o no como terroristas.
En ese contexto, detalló que el centro penitenciario La Tolva alberga actualmente a 1,245 reclusos que forman parte de estas estructuras criminales y que deberán someterse al régimen especial establecido para estos grupos.
Por otra parte, indicó que el sistema penitenciario hondureño registra 19,515 personas privadas de libertad bajo los regímenes de mediana y mínima seguridad.
Nuevos controles en las cárceles
El titular del INP explicó que la institución cuenta con escáneres para inspeccionar personas y cargamentos, además de dispositivos móviles destinados a detectar artículos cuyo ingreso está prohibido.
No obstante, reconoció que estos equipos no garantizan por sí solos el control absoluto de las instalaciones, por lo que consideró indispensable mantener una supervisión estricta del personal penitenciario.
Asimismo, anunció restricciones para el ingreso de familiares y visitantes, además de eliminar el contacto con abogados bajo las nuevas disposiciones, con el argumento de evitar que estos espacios sean utilizados para introducir objetos ilícitos.
Amador advirtió que los empleados que faciliten estas actividades podrían recibir condenas de entre 30 y 40 años de prisión y ser trasladados al régimen penitenciario correspondiente, al ser considerados colaboradores de estructuras criminales.
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