El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual impondrá un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que operan en el país.
El anuncio llega un día después de una protesta protagonizada por familias campesinas en Santa Tecla, que buscaban frenar un desalojo ordenado por un tribunal desde 2008.
La manifestación fue reprimida por cuerpos antimotines y terminó con la detención del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua, quien fue acusado de desórdenes públicos.
“He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones”, escribió Bukele en su cuenta de X.
Afirmó que esta medida permitiría «encontrar una solución real» al conflicto habitacional que enfrentan unas 300 familias en la zona de El Triunfo, Santa Tecla.
Acusaciones de manipulación
Bukele acusó a “ONG globalistas y grupos autodenominados de izquierda” de manipular a las familias afectadas para generar protestas en su contra.
Según su versión, el caso fue judicializado en 2008 y la sentencia favoreció al acreedor del terreno, lo que justificó el desalojo.
La manifestación se realizó el lunes en una carretera próxima a una residencial privada donde vive el mandatario. Participantes y defensores de derechos humanos denunciaron un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército.
ONG en la mira
Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas denunciaron la detención de Henríquez como arbitraria y advirtieron que la nueva legislación busca intimidar y desfinanciar a los actores sociales críticos del gobierno.
Carlos Flores, representante del Foro del Agua, aseguró que el arresto del abogado responde a una criminalización de la protesta social y lamentó que se utilicen mecanismos judiciales y fiscales para reprimir a quienes defienden derechos colectivos.
Antecedentes y contexto regional
Bukele ya había promovido en 2021 un proyecto de ley similar, inspirado en normas restrictivas de países como Nicaragua y Rusia, pero la propuesta no llegó a debatirse en el Congreso.
Esta vez, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa prácticamente garantiza su aprobación.
En Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, más de 5.600 ONGs han sido cerradas desde las protestas de 2018, mediante leyes que acusan a las organizaciones de actuar como “agentes extranjeros” al recibir financiamiento internacional.
Analistas alertan que la propuesta salvadoreña se alinea con una tendencia regional hacia el hostigamiento legal y financiero de las ONGs, en un contexto de creciente autoritarismo en varios países de América Latina.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, ni la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno ni la Fiscalía General de la República han dado declaraciones adicionales sobre el contenido del nuevo proyecto de ley ni sobre el estado legal de Alejandro Henríquez.