La reciente decisión del presidente Joe Biden de indultar a su hijo, Hunter Biden, representa un fuerte golpe a la percepción de justicia en los Estados Unidos.
Durante meses, Biden aseguró públicamente que no intervendría en los juicios promovidos contra su hijo, reiterando su respeto al debido proceso y su compromiso con el principio de que “nadie está por encima de la ley”.
Esta promesa, ahora incumplida, marca el cierre de su mandato que será recordado, no solo por esa mentira repetida infinidad de veces, sino que por colocar el interés familiar sobre la justicia.
El indulto “completo e incondicional” abarca no sólo las condenas de Hunter Biden en dos casos en Delaware y California, sino también cualquier otro “delito contra Estados Unidos que haya cometido o pueda haber cometido o en el que haya participado durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2024”.
Ese amplio período sugiere que existen otros temas que preocupaban al presidente Biden y que podrían haber involucrado a su hijo Hunter en nuevas acciones penales.
Según Biden “la verdad” es que él cree en el sistema judicial, pero que este fue “infectado por la política cruda y eso condujo a una injusticia”.
En otras palabras, Biden asume que el sistema fue manipulado para perjudicar a su hijo y que las acciones eran políticamente motivadas.
Exactamente lo mismo que en su momento argumentó Trump sobre los procesos incoados en su contra. Su otra justificación es que hizo lo que cualquier padre haría en la misma situación.
El indulto, aunque legal bajo el marco constitucional de Estados Unidos, reaviva un viejo debate:
¿pueden las instituciones judiciales y políticas operar de manera imparcial cuando el poder ejecutivo está directamente implicado? La respuesta, como tantas veces en la historia política, parece depender más del cálculo político que del compromiso con principios
universales.
El doble estándar mediático no pasa desapercibido. Durante años, Hunter Biden fue el centro de investigaciones relacionadas con posesión de armas, evasión fiscal y otras actividades que rayaban en la conducta criminal.
En paralelo, la prensa utilizó las declaraciones del presidente para dibujar una imagen de integridad y contraste frente a Donald Trump, cuyas acciones legales y polémicas personales llenaron incontables titulares críticos.
Sin embargo, el cambio de postura de Biden y la subsecuente defensa mediática del indulto revelan un sesgo que debilita la confianza en la prensa como un árbitro imparcial.
Esta incómoda posición de muchos medios y periodistas estadunidenses se complica con la circulación de cientos de videos en redes sociales que resaltan esa doble moral.
La situación debilita aún más a una prensa que salió severamente afectada por el reciente proceso electoral, donde también dieron muestras de acomodarse al partido gobernante en detrimento de un periodismo ecuánime y profesional.
Este caso pone de relieve un fenómeno más amplio que trasciende fronteras: el uso estratégico de las instituciones por quienes ostentan el poder.
En Estados Unidos, las promesas de transparencia y no intervención judicial se han transformado en herramientas retóricas para ganar tiempo y, llegado el momento, justificar decisiones difíciles.
En Honduras y otros países, la situación no es muy distinta; la justicia suele ser manipulada para proteger aliados, perseguir adversarios o preservar intereses particulares.
El pretexto de la “persecución política” abusado para asegurar impunidad para todo tipo de delitos.
El impacto de estas acciones va más allá de los titulares. Cada decisión percibida como arbitraria erosiona la credibilidad de las instituciones y polariza aún más el panorama político.
En Estados Unidos, donde las divisiones ya son profundas, el indulto a Hunter Biden podría
convertirse en un símbolo más de una democracia que, aunque robusta, muestra grietas preocupantes.
Además, esta decisión debilita la autoridad moral de Estados Unidos para influir en otras naciones en temas de justicia y Estado de Derecho, dejando abierta una respuesta incómoda: Hagan como yo digo, no como yo hago.
Cuando el poder se utiliza para moldear la justicia, se pone en riesgo no solo la percepción de legitimidad de quienes gobiernan, sino también la estabilidad de los sistemas democráticos que buscan representar.
El indulto de Hunter Biden no es un acto de justicia ni de reconciliación; es una maniobra política que socava los principios de igualdad ante la ley y refuerza la percepción de que el poder, en lugar de ser un guardián de las instituciones, es su principal depredador.
Esta decisión, lejos de fortalecer la confianza en el liderazgo presidencial, envía un mensaje peligroso: en la balanza de la justicia, el peso del apellido importa más que el de la verdad.
