El Ejército hondureño mantiene un intenso operativo en Silca y zonas aledañas, con patrullajes permanentes y sobrevuelos de helicópteros sobre aldeas como El Higuerito, Suntul, El Quebrachal y Guamiles, donde se busca a la estructura criminal conocida como “Los Matute”.
La banda está señalada por una masacre ocurrida el 29 de junio, en la que fueron asesinados Exar Edulfo Paz Murillo, su hermana Leda Esperanza Paz Murillo, ciudadana estadounidense, y Ana Cristina Castro Juárez. El brutal ataque estremeció a la comunidad y puso en alerta a las autoridades.
Desde entonces, las Fuerzas Armadas han lanzado una ofensiva sostenida, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta, que incluye allanamientos en aldeas remotas, retenes fijos, patrullajes motorizados y presencia militar permanente en puntos estratégicos como Guamiles.
Aunque no se han registrado capturas masivas, los operativos han logrado limitar los movimientos de los sospechosos.
“Al llegar a los sitios previstos para las capturas, solo encontramos mujeres. Pero la presión continuará”, señaló el coronel Castillo, encargado de supervisar las acciones en el terreno.
Los miembros de Los Matute no solo están vinculados con la masacre; también se les relaciona con tentativa de homicidio, asociación para delinquir y ataques contra testigos protegidos.
Durante años, la banda operó en la sombra, imponiendo su ley en comunidades donde el Estado tenía escasa presencia, mientras rumores de extorsión, amenazas y desapariciones recorrían los cafetales de Silca.
La ofensiva no se limita a Silca. Las operaciones se han extendido a Juticalpa y Catacamas, con puntos de control y vigilancia en rutas estratégicas para impedir que los criminales se desplacen a otras zonas.
La estrategia busca cercar a Los Matute y reducir su margen de maniobra, incluso en sus refugios en las montañas.
Hasta ahora, la única captura confirmada es la de Francisco Abacuc Urraco Herrera, alias “Chico”, arrestado el 29 de agosto tras siete allanamientos ejecutados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La fiscalía obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva por su presunta participación directa en la masacre. Su testimonio podría ser clave para desmantelar la estructura completa.
Las familias de Silca, aunque aún viven con temor, comienzan a exigir justicia y protección. Tras décadas de impunidad, la presencia militar, judicial y fiscal se vuelve cada vez más visible en la región.
Sin embargo, persiste la incógnita: ¿permanecerá esta presencia para garantizar seguridad duradera?
La operación contra Los Matute representa una batalla por justicia y la recuperación de territorios que la criminalidad les arrebató a estas comunidades.
Silca busca no solo respuestas por la masacre, sino también garantías para que el miedo no vuelva a reinar en sus calles.