Una verdadera batalla campal se desató esta mañana en el bulevar del Norte en Choloma, cuando fuerzas antimotines intentaron desalojar a manifestantes que mantenían tomada la carretera CA-13 en protesta contra la empresa Koriun Inversiones.
Los inversionistas, en su mayoría ciudadanos de Choloma y zonas aledañas, exigen al gobierno la devolución de sus ahorros tras lo que califican como un millonario fraude financiero.
Desde tempranas horas, los manifestantes bloquearon totalmente la vía que conecta Puerto Cortés con San Pedro Sula, utilizando llantas en llamas, piedras y otros objetos para impedir el paso vehicular.
a acción paralizó el tránsito en ambos sentidos, generando un caos absoluto en una de las rutas más transitadas del país.
“No tenemos rutas alternas. Esto es un colapso total”, manifestó un conductor atrapado en medio de la congestión. Por su parte, los protestantes insisten en que no se moverán hasta que las autoridades den una solución concreta.
“Estamos aquí porque ya nadie nos da respuesta. Nuestro dinero desapareció y el gobierno solo mira desde lejos”, gritó uno de los manifestantes mientras sostenía un cartel con la frase “¡Devuélvannos lo nuestro!”.
La tensión aumentó cuando unidades de antimotines comenzaron a avanzar con equipo completo para despejar la vía.
Lo que inició como una protesta pacífica, rápidamente escaló a enfrentamientos entre manifestantes y policías, dejando escenas de violencia, personas heridas y un ambiente de total incertidumbre.
El caso de Koriun Inversiones ha estremecido la economía local. Según cifras preliminares, más de 35,000 personas resultaron afectadas por este esquema de inversión, el cual operó durante años sin supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
No fue sino hasta principios de este año que la CNBS emitió alertas sobre movimientos financieros sospechosos, lo que derivó en allanamientos por parte del Ministerio Público y la revelación de un presunto fraude de gran magnitud.
La falta de respuestas oficiales y la lentitud en las acciones judiciales han generado un creciente malestar social. Los ciudadanos afectados han perdido la fe en las instituciones, mientras que el impacto económico ya se siente en Choloma, una de las zonas industriales más importantes del país.
Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte del Gobierno ni de la CNBS.
La protesta continúa y no se vislumbra una solución a corto plazo. El sector privado también ha expresado su preocupación, advirtiendo que la toma de carreteras y la crisis de confianza podrían afectar gravemente la estabilidad económica nacional.