En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la DIPAMPCO y autoridades del sistema penitenciario, este día se ejecutó una intervención de alto impacto orientada a desarticular redes de extorsión que operan desde el interior de las cárceles en Honduras.
El comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ottoniel Gross Castillo, explicó que la acción responde a múltiples denuncias ciudadanas sobre llamadas extorsivas que continúan originándose desde los centros penales, pese a la instalación de bloqueadores de señal telefónica. Según indicó, las evaluaciones técnicas han evidenciado que estos dispositivos no están funcionando en su totalidad.
Como parte del operativo, las autoridades iniciaron el traslado de privados de libertad considerados de alta peligrosidad hacia celdas de máxima seguridad bajo estrictas condiciones de aislamiento. De acuerdo con el informe, al menos 35 reclusos han sido identificados como responsables de coordinar estas actividades ilícitas mediante el uso ilegal de teléfonos móviles dentro de los recintos penitenciarios.
La intervención busca debilitar las estructuras criminales que dirigen extorsiones contra comerciantes, transportistas y ciudadanos, delitos que han generado preocupación a nivel nacional. Gross Castillo señaló que este proceso es resultado de varias semanas de trabajo de inteligencia, durante las cuales se logró recopilar evidencia que vincula directamente a los internos con las llamadas extorsivas.
Asimismo, el titular del INP advirtió sobre la necesidad de revisar el marco legal y técnico relacionado con los bloqueadores de señal, ya que su funcionamiento parcial permite que continúen las comunicaciones ilícitas desde los centros penales.
Por su parte, el portavoz de la DIPAMPCO, Mario Fú, detalló que los operativos continuarán en los próximos días y que el número de privados de libertad a trasladar podría ascender a unos 90, todos señalados por su presunta participación en redes de extorsión.
Las autoridades reiteraron que mantendrán las acciones coordinadas para combatir este delito y reducir el impacto de las estructuras criminales que operan desde el sistema penitenciario, con el objetivo de devolver la seguridad a la población hondureña.