En apenas seis meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha arrestado a más de 109,000 personas en todo el país, de las cuales al menos 12,000 son hondureños, lo que coloca a esta nacionalidad entre las más afectadas por los operativos federales.
Las redadas se han concentrado especialmente en Texas y Florida, estados que lideran la colaboración con autoridades migratorias federales.
De acuerdo con un informe de CBS News, Texas representa el 23.2% de las detenciones, mientras que Florida concentra el 11.1%.
Ambos territorios han reforzado su cooperación mediante leyes y acuerdos que permiten arrestos prolongados y traslados rápidos de migrantes a centros de detención del ICE.
En Texas, las políticas estatales permiten detener por más tiempo a personas sin estatus legal, incluso si no enfrentan cargos penales. En Florida, acuerdos firmados con ICE facilitan el traspaso de migrantes desde cárceles locales hacia centros de deportación.
Honduras, entre los más afectados
Honduras figura entre los países más golpeados, junto a México y Guatemala. Solo entre enero y junio, 12,000 hondureños fueron detenidos por ICE, seguidos por ciudadanos de Venezuela (8,000) y El Salvador (5,000).
Para Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute, esta tendencia responde tanto a la cercanía geográfica como a la existencia de comunidades hondureñas ya establecidas en EE. UU. “Son grupos más visibles para las autoridades, lo que aumenta las probabilidades de ser blanco de redadas”, explicó.
Deportaciones sin antecedentes penales
Pese a que el Departamento de Seguridad Nacional asegura que las acciones del ICE se centran en migrantes con antecedentes criminales, los datos muestran lo contrario.
Según una investigación de The Washington Post, más del 59% de los detenidos bajo el nuevo mandato no cuentan con condenas penales previas, desmintiendo el argumento de que las deportaciones se enfocan en «los peores de los peores».
Otros estados con altas cifras de arrestos incluyen California (7.1%), Georgia (4.1%) y Arizona (3.2%).
En el caso de California, aunque las leyes locales limitan la cooperación con el ICE, el gran tamaño de su población migrante sigue generando un elevado número de detenciones.
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La comunidad hondureña en EE. UU. permanece en alerta, mientras organizaciones defensoras de derechos migratorios denuncian una política de persecución generalizada y discriminatoria.